Hace 100 años, Bolivia promulgaba la Ley de Imprenta, un pilar para el periodismo libre e independiente. En aquel entonces, los medios eran exclusivamente impresos. Hoy, en la era de las redes sociales, cualquier ciudadano puede publicar contenidos sin ser periodista ni pertenecer a un medio, lo que diluye las premisas originales de la ley. Pese a ello, el espíritu de esta norma sigue siendo relevante: proteger al periodista frente al poder y exigirle responsabilidad sobre lo que publica. Esto permite cuestionar al poder político, económico y social, al tiempo que se evita el abuso de la libertad para incurrir en calumnias o difamaciones.
Sin embargo, el panorama actual plantea nuevas incógnitas. La comunicación está dominada por actores sin rigor profesional que desinforman deliberadamente o promueven agendas propias. Incluso los poderosos, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, moldean las reglas del juego en plataformas como X y Facebook. Musk utiliza su red social para favorecer visiones ideológicas afines e influir en la política, mientras Zuckerberg ha eliminado la moderación de contenidos, dejando esa tarea en manos de los usuarios. En este contexto, la búsqueda de la verdad se torna más compleja.
En Bolivia, los intentos de derogar la Ley de Imprenta bajo el pretexto de “modernización” han generado preocupación en el gremio periodístico. Es cierto que el país carece de regulaciones específicas para las redes sociales, como ocurre en otras naciones. No obstante, cualquier ajuste debe preservar el espíritu de libertad e independencia que inspiró esta ley centenaria.