En ciencia política, la legalidad y la legitimidad no siempre caminan juntas. La primera remite al cumplimiento de normas y procedimientos; la segunda, a la aceptación social del poder. Un gobernante puede haber llegado al cargo conforme a la ley y, sin embargo, carecer del respaldo ciudadano necesario para ejercerlo con autoridad moral. Cuando esa brecha se ensancha, el poder se vuelve frágil.
Bolivia tiene ejemplos elocuentes. Gonzalo Sánchez de Lozada asumió en 2002 con una legalidad incuestionable, pero con más del 75% de rechazo ciudadano. Su gobierno no resistió la presión social y terminó en una huida precipitada. Años después, Evo Morales intentó desconocer el referéndum de 2016 y forzar una nueva candidatura, erosionando su legitimidad hasta un punto de quiebre que también derivó en su salida del país.
El presente confirma que la historia no enseña lo suficiente. Autoridades electas con apoyos mínimos, como Eliser Roca, alcalde de El Alto, o Luis Revilla, gobernador de La Paz —amigo y aliado político del presidente Rodrigo Paz, cuya habilitación ha sido cuestionada— llegan al poder con un problema de origen: la debilidad de su legitimidad.
La legitimidad no se hereda ni se improvisa. Se construye todos los días. Y cuando no hay respaldo social suficiente, gobernar se convierte en un ejercicio de resistencia más que de conducción. En Bolivia existe el revocatorio, y en un contexto de desconfianza creciente, activar ese mecanismo puede convertirse en una salida inevitable.