Rafael Vidaurre Cladera, economista
La transformación digital ha redefinido las dinámicas laborales a nivel global, posicionando al empleo remoto como una modalidad estratégica para ampliar el acceso al trabajo, mejorar la productividad y fomentar la conciliación entre vida personal y profesional. En Bolivia, esta evolución aún enfrenta desafíos estructurales, pero también abre oportunidades para construir un ecosistema laboral más flexible e inclusivo.
Un estudio realizado por el Observatorio Nacional del Trabajo (ONT), entre febrero y mayo de 2025, hace una aproximación pionera a la caracterización de la demanda formal de empleo remoto en el país. A partir del análisis de convocatorias laborales publicadas en plataformas digitales, se identificaron patrones, sectores predominantes, competencias requeridas y vacíos normativos que deben ser atendidos para consolidar esta modalidad.
El informe revela que la modalidad de empleo remoto avanza con fuerza, aunque enfrenta desafíos significativos. Este tipo de trabajo se concentra principalmente en sectores vinculados con la educación virtual, los servicios digitales, la atención al cliente y el diseño gráfico, ámbitos donde la digitalización ha permitido nuevas oportunidades laborales para jóvenes y profesionales independientes.
También muestra que el empleo remoto se concentra en cargos operativos y tácticos, con escasa presencia en niveles estratégicos o de liderazgo. Aunque esta modalidad abre nuevas oportunidades, aún no logra consolidarse como una alternativa viable para puestos de decisión.
Entre las competencias más valoradas destacan las vinculadas al manejo de herramientas TIC, plataformas colaborativas y gestión de proyectos. Estas habilidades son hoy esenciales para mantener la productividad en entornos virtuales y adaptarse a dinámicas laborales que priorizan la autonomía y el trabajo a distancia.
Las competencias transversales, como la autogestión, la responsabilidad, la comunicación efectiva y la adaptabilidad también son resaltadas en el estudio. Estas cualidades resultan fundamentales para sostener el compromiso y la eficiencia en contextos descentralizados, donde el desempeño se mide por resultados más que por presencia física.
Sin embargo, persisten limitaciones estructurales que obstaculizan el crecimiento del teletrabajo, como la informalidad laboral, la desigualdad en el acceso a internet y la falta de regulación específica sobre derechos laborales. Sin una política pública integral que atienda estas brechas, el empleo remoto corre el riesgo de convertirse en un modelo desigual, restringido a determinados sectores y grupos con mayores ventajas tecnológicas y económicas.
En este campo, Bolivia cuenta con un marco normativo (D.S. N.º 4218 y D.S. N.º 4570), pero su aplicación es aún parcial. En comparación con Argentina, Chile, México y Colombia, se observa la necesidad de avanzar hacia una regulación más detallada que garantice derechos laborales, promueva acuerdos escritos y facilite la medición por resultados.
Para consolidar el empleo remoto como una pieza clave dentro de un ecosistema laboral sostenible, es necesario fortalecer la normativa incorporando estándares internacionales que garanticen derechos y obligaciones claras para empleadores y trabajadores. Asimismo, resulta fundamental promover políticas públicas que amplíen la conectividad y la alfabetización digital, reduciendo las brechas que limitan el acceso equitativo a las oportunidades laborales en entornos virtuales.
Del mismo modo, urge impulsar la formación en competencias digitales y habilidades blandas que fortalezcan la empleabilidad y la productividad. A esto debe sumarse la creación de mecanismos que midan el impacto del teletrabajo, incluyendo indicadores de productividad, bienestar y retención laboral. Fomentar alianzas entre el sector público, privado y académico permitirá co-diseñar estrategias de formalización y expansión del trabajo remoto.
La demanda de empleo remoto en Bolivia refleja una tendencia global que exige respuestas locales. Apostar por esta modalidad implica avanzar hacia un nuevo contrato social digital que combine flexibilidad, protección social y equidad territorial. La transformación está en marcha; el reto es liderarla con visión, evidencia y compromiso institucional.