No es solo un caso aislado: son miles de denuncias sin respuesta. Desde 2017 hasta 2021, el Estado registró 2.390 denuncias por toma violenta de tierras en todo el país. En 2023 se reportaron 237 nuevos casos y, solo en Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente advierte que ya van más de 160 predios afectados este año. Estas cifras no son simples estadísticas: son familias despojadas, productores atemorizados y una institucionalidad que mira hacia otro lado mientras la impunidad se consolida como norma.
La justicia no llega, y cuando llega, ya no sirve. Los pocos procesos que han concluido con sentencia apenas rozan la superficie del problema. La mayoría de los avasallamientos queda archivada o se diluye entre competencias administrativas y fiscales. Los operadores judiciales alegan falta de pruebas o indefiniciones sobre la titularidad, y los juicios se eternizan hasta que los usurpadores consolidan el control de los terrenos. En los hechos, el Estado termina premiando al invasor y castigando al que produce. Esa distorsión jurídica erosiona el principio mismo de la propiedad privada y alienta nuevas tomas.?
La inseguridad jurídica cuesta caro: inversores huyen, producción se paraliza, futuro se pierde.” Un estudio del IBCE revela que el 98 % de los productores considera que los avasallamientos desalientan la inversión, y el 99 % cree que atentan contra la seguridad jurídica. En un país cuya economía depende de la agroexportación, cada toma irregular encarece los créditos, frena la innovación y siembra desconfianza
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