Durante dos décadas, Bolivia vivió sostenida por una ilusión: la de ser un país rico en gas natural, capaz de financiar su desarrollo sin diversificar su economía. Hoy esa burbuja ha estallado. Los propios informes de YPFB revelan que las reservas probadas de gas natural cayeron a apenas 4,49 TCF, menos de la mitad de lo que había hace diez años. Lo que alguna vez fue la gigantesca alcancía de la economía nacional se vacía a ojos vista. Ya no hay dudas ni estimaciones interesadas: los números provienen de los balances oficiales elaborados bajo normas internacionales de auditoría. El país está entrando, sin planificación y sin reservas, a la etapa final de su ciclo gasífero.
El colapso energético tiene dos causas estructurales: la falta de inversiones y la ausencia de exploración. Durante años se prefirió administrar los ingresos antes que reponerlos. Los gobiernos se enredaron en discursos triunfalistas, presentando supuestos “megadescubrimientos” que acabaron en fiascos, mientras los campos maduros -Sábalo, San Alberto, Margarita e Itaú- se agotaban lentamente. El gas, que durante casi veinte años sostuvo el relato de la “soberanía energética”, se consume hoy en silencio. No fue la naturaleza la que falló, sino la gestión política. Y lo más grave es que la caída en la producción golpea directamente al corazón fiscal del Estado, que cada año recibe menos regalías y menos divisas para sostener su economía.
La paradoja más cruel es que, a pesar de los ingresos extraordinarios por hidrocarburos, el país no se preparó para su agotamiento. Entre 2006 y 2023, YPFB recibió más de 50.000 millones de dólares por este rubro, pero la inversión exploratoria promedio anual no superó los 400 millones, menos de la mitad de lo necesario para sostener las reservas. Esa falta de visión condenó al país a depender de la importación. Si nada cambia, Bolivia perderá su autosuficiencia y en 2028 pasará a importar más combustibles de los que produce. Es decir, el país que durante años exportó energía para sostener su crecimiento ahora deberá pagar más caro por mantener encendida su economía.
A la crisis estructural del gas se suma el desastre financiero del modelo de subsidios. En solo cinco años, el Estado gastó más de 15.600 millones de dólares en importación y subvención de gasolina y diésel, una cifra equivalente al récord histórico de las reservas internacionales de 2014. El Gobierno de Luis Arce Catacora gastó más que todos sus antecesores juntos para mantener un sistema insostenible, y, sin embargo, deja al país en la peor crisis de combustibles de las últimas dos décadas. Nunca se importó tanto, pero nunca hubo tanta escasez. El modelo se devoró a sí mismo: mientras más se gastó, menos se tuvo.
La falta de dólares, la caída en la producción y el colapso de YPFB se han traducido en filas interminables, desabastecimiento y precios paralelos que multiplican la desigualdad. Los propios exministros y técnicos del sector reconocen que Bolivia perdió su seguridad energética: el país depende en un 80% de la energía proveniente de los hidrocarburos, y cada litro que no produce debe importarlo a un costo creciente. Hoy el diésel se vende a 18 bolivianos fuera de las ciudades, una cifra que desmiente cualquier relato oficial de estabilidad.
El fin del ciclo gasífero no solo representa una crisis económica, sino un fracaso de gestión y de ética pública. El discurso de la soberanía energética se agotó junto con los pozos. Y aunque el presidente Arce haya reconocido que “nos comimos el gas”, la admisión llega tarde. Lo urgente ya no es buscar culpables, sino construir un nuevo pacto energético basado en transparencia, inversión y diversificación.
El país que alguna vez exportó energía hoy está condenado a importarla. Bolivia necesita recuperar la verdad como punto de partida y la planificación como horizonte. Porque sin energía no hay soberanía, y sin soberanía no hay futuro.