Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas. Las reservas de gas se agotan, la escasez de divisas presiona al sistema financiero y la inversión privada se ha reducido a su mínima expresión. En medio de este escenario, el presidente electo Rodrigo Paz ha dado una señal política que merece atención: abrir las puertas del nuevo gobierno al sector empresarial, no solo para escucharlo, sino para hacerlo partícipe de la reconstrucción nacional.
Durante casi dos décadas, el sector productivo fue tratado con desconfianza. La política económica del ciclo del MAS concentró el poder en el Estado y relegó a la iniciativa privada a un rol secundario, cuando no sospechoso. En ese tiempo, los empresarios bolivianos —grandes, medianos y pequeños— enfrentaron trabas burocráticas, inseguridad jurídica y la estigmatización ideológica de ser “enemigos del pueblo”. Ese divorcio tuvo un alto costo: se desincentivó la inversión, se paralizó la diversificación productiva y se perdió la oportunidad de construir una economía moderna, generadora de empleo y exportaciones sostenibles.
El encuentro entre Rodrigo Paz, sus asesores económicos y los representantes del empresariado en Santa Cruz marca un punto de inflexión. Paz ha hablado de “una economía para la gente y un Estado eficiente”, de eliminar “ese Estado tranca” que asfixia la productividad y de “poner a Bolivia en el mundo y que el mundo venga a Bolivia”. Son frases que, más allá del simbolismo, reconocen que sin confianza, inversión y reglas claras, no hay futuro posible.
La empresa privada no solo paga impuestos: sostiene el 85% del empleo formal, genera el 70% de las exportaciones no tradicionales y constituye la principal fuente de dólares para el país. Cada fábrica, cada agroindustria, cada emprendimiento representa una cadena de valor que alimenta la economía real y da sustento a millones de familias. Sin ese tejido productivo, no hay estabilidad fiscal, ni crecimiento, ni bienestar posible.
Por eso, tender puentes no es una concesión política, sino una necesidad nacional. El diálogo entre el Estado y el sector privado debe superar la desconfianza heredada y dar paso a un nuevo contrato económico basado en la cooperación y la transparencia. La recuperación de la confianza empresarial no se logra con discursos, sino con señales concretas: seguridad jurídica, simplificación administrativa, incentivos a la inversión y apertura a los mercados internacionales.
La historia reciente demuestra que cuando Bolivia produce, exporta y genera empleo, crece toda la sociedad. Por el contrario, cuando el Estado ahoga a quienes crean riqueza, el resultado es el estancamiento. Hoy, con las reservas internacionales en mínimos históricos, el déficit fiscal en aumento y la producción de gas en declive, resulta indispensable apostar por un nuevo equilibrio que devuelva protagonismo al sector productivo.
Tender puentes tampoco significa renunciar al rol social del Estado. Significa complementarlo con inteligencia y pragmatismo. Un gobierno que escucha y dialoga no se debilita: se fortalece. Si el nuevo presidente logra mantener este espíritu de apertura, consolidar la seguridad jurídica y garantizar condiciones estables para producir, Bolivia podrá iniciar una etapa de reconstrucción donde la cooperación reemplace la confrontación y el desarrollo vuelva a ser una meta compartida.
La tarea es inmensa, pero también esperanzadora. En un país cansado de promesas incumplidas, abrir las puertas y los oídos al sector que genera empleo y riqueza no es una muestra de debilidad, sino de madurez democrática. En esa alianza -entre el Estado que orienta y el empresario que produce- podría comenzar a escribirse la verdadera recuperación boliviana.
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