El próximo 19 de octubre, Bolivia vivirá una jornada clave para su democracia: el balotaje presidencial que definirá el rumbo político del país para los próximos años. En este contexto, los debates entre candidatos a la presidencia y vicepresidencia no solo son eventos de alto interés mediático, sino herramientas fundamentales para fortalecer el ejercicio democrático, promover el voto informado y transparentar las propuestas de quienes aspiran a conducir los destinos nacionales.
Los debates electorales, cuando están bien organizados y moderados, cumplen con varios objetivos cruciales. En primer lugar, brindan a la ciudadanía la oportunidad de contrastar directamente las ideas, planes de gobierno, valores y capacidades de liderazgo de los candidatos. A diferencia de las campañas tradicionales -donde los mensajes están cuidadosamente editados para favorecer al postulante-, el formato del debate obliga a los candidatos a responder en tiempo real, argumentar sus posiciones y enfrentar cuestionamientos sobre temas sensibles o polémicos.
En el caso de un balotaje, la importancia de estos encuentros se intensifica. Con solo dos opciones en competencia, el debate se convierte en un espacio definitivo para persuadir al electorado indeciso o a aquellos ciudadanos cuyos candidatos quedaron fuera en la primera vuelta. Además, permite que la ciudadanía evalúe no solo los programas de gobierno, sino también la visión de país que cada fórmula representa. En una democracia madura, el voto no debería basarse únicamente en simpatías personales o consignas partidarias, sino en un análisis crítico del futuro que se quiere construir colectivamente.
La participación activa de los candidatos a la vicepresidencia también merece especial atención. A menudo subestimado, este rol es clave en la gestión gubernamental, ya sea por su papel constitucional en la sucesión presidencial, su función articuladora entre el Ejecutivo y el Legislativo, o como figura influyente en la formulación de políticas públicas. Por tanto, los debates vicepresidenciales permiten conocer las credenciales, convicciones y competencias de quienes pueden llegar a ocupar un lugar determinante en la conducción del Estado.
No obstante, la trascendencia de los debates depende de varios factores. Su credibilidad y utilidad están íntimamente ligadas a la neutralidad de los organizadores, la calidad de las preguntas, el acceso igualitario a los medios, y el respeto entre los contendientes. En Bolivia, donde la polarización política ha alcanzado niveles preocupantes, los debates pueden convertirse en un puente hacia el entendimiento democrático, pero también corren el riesgo de ser utilizados como plataformas para la descalificación o la manipulación emocional del electorado.
Es por eso que la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones civiles tienen un papel insustituible en exigir debates auténticos, participativos y sustanciales. El derecho a una información veraz y completa es un pilar de cualquier sistema democrático. A su vez, los candidatos tienen la responsabilidad de honrar el debate como un acto de respeto hacia el pueblo boliviano, no como un trámite estratégico para ganar votos.
En momentos cuando el desencanto político y la desconfianza institucional amenazan con minar la legitimidad democrática, los debates ofrecen una oportunidad para recuperar la política como espacio de ideas y no solo de confrontación. Son, en última instancia, un reflejo de la salud del sistema político y un termómetro de la madurez cívica de la sociedad.
El balotaje del 19 de octubre es más que una segunda vuelta: es una decisión de futuro. Que esta decisión se tome sobre la base del diálogo, la transparencia y el pensamiento crítico, dependerá en gran medida del valor que demos, como sociedad, a los debates electorales. No son un lujo, ni una formalidad: son una necesidad.