Se ha anunciado que hoy comenzará la auditoría de la comisión de la OEA en el marco de un acuerdo con el Gobierno de Bolivia.
Lo primero que llama la atención es que el acuerdo lo firme precisamente una de las partes involucradas en la crisis electoral que vive el país.
Y no es un tema menor, dado que las condiciones se prestan a una nueva desconfianza en días en que la credibilidad está afectada, particularmente con el principal actor político de este proceso y el Tribunal Electoral, blanco de críticas por su penosa actuación antes, durante y después de las elecciones.
Si bien es cierto que los organismos internacionales reconocen a los gobiernos de los países como sus interlocutores formales, en el caso boliviano se debió primero acordar internamente las citadas condiciones con todas las partes interesadas en el tema: los comités cívicos nacionales, el Conade, Comunidad Ciudadana y otras organizaciones.
Eso no ocurrió. En el documento de acuerdo hay varios aspectos que llevan a no confiar en el trabajo de la comisión auditora. Para comenzar, la auditoría se concentrará en la jornada electoral, ignorando la cadena de irregularidades previas que la misión de observadores de la misma OEA hizo notar en su primer informe en conclusiones.
Aún no se ha dicho si los observadores que acompañaron el proceso electoral y que hablaron de la desconfianza y de las dudas del TSE, serán parte de la misión que empieza a trabajar hoy. Si no la integran, hay más razones aún para desconfiar.
Además, la auditoría se hará “sin menoscabo de la soberanía del Estado y la independencia y autonomía del Órgano Electoral”, es decir, no podrá cuestionar al OEP que es el gran sospechoso de haber instrumentado el fraude electoral.
Luego, el informe se entregará al secretario general de la OEA, Luis Almagro, personaje siniestro que dio suficientes señales de parcialidad cuando avaló la repostulación ilegal de Evo Morales y lo acompañó en Chapare con expresiones de elogio en el inicio de campaña del candidato oficialista.
El informe será vinculante, pero llamativamente cualquiera de las partes, es decir el Gobierno de Morales o la OEA, podrán dar por terminado el acuerdo sin necesidad de justificar nada con solo una comunicación escrita enviada hasta cinco días antes de la finalización, que por cierto no tiene fecha.
Y, finalmente, la comisión auditora cuyos miembros fueron elegidos por Almagro, otra vez Almagro en acción, se encontrará con información readecuada entre el padrón electoral, el sistema de transmisión rápida de actas y el cómputo oficial final.
Es decir, ya no encontrarán las irregularidades detectadas por un grupo de ingenieros de sistemas de la UMSA y otros profesionales, que con bastante contundencia demostraron el mecanismo de irregularidades.
En estos días, se supo que varias personas que consultaron online los datos de sus actas y el traslado de resultados al cómputo, advirtieron que la información de votos no coincidía.
Sin embargo, horas después, esa información apareció misteriosamente “corregida”. Las otras bases de trabajo de la OEA tienen que ver con la revisión de actas y, hasta donde se sabe, al menos 200 se han extraviado.
Esas condiciones generan desconfianza en muchos sectores de la sociedad.
Por otro lado, dos días antes del inicio de la auditoría de la OEA, el Gobierno envió una carta a Naciones Unidas anunciando que Evo Morales ganó las elecciones en primera vuelta. Entonces, si el Gobierno asume su triunfo aún antes de la comisión inspectora del organismo, que no asuma que la ciudadanía está obligada a no desconfiar de los resultados de la auditoría.