El jefe policial de Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue ratificado en el cargo este lunes luego de que un informe oficial mencionara su presunta participación en un encuentro para desviar las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
"Es un hombre íntegro (...), ha desempeñado un papel sumamente importante, dijo Claudia Sheinbaum, alcaldesa capitalina y potencial candidata presidencial del oficialismo de izquierda, al señalar a la prensa que García Harfuch seguirá siendo secretario de Seguridad.
Un informe de la secretaría federal de Gobernación (Interior), difundido el pasado jueves, señala a autoridades de haber entorpecido la pesquisa sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El viernes fue capturado el exfiscal general Jesús Murillo Karam, responsable de las indagaciones, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
En la acusación contra el exfuncionario, la fiscalía señala a García Harfuch de haber participado, junto con una treintena de autoridades, en una reunión en Guerrero el 7 de octubre de 2014 en la que se habría acordado una línea de investigación que excluía la supuesta responsabilidad de militares.
El viernes también se ordenó el arresto de 20 militares y 44 policías.
Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica, aseguró en Twitter García Harfuch, cercano a Sheinbaum y quien en aquel momento era comisionado de la Policía Federal.
Van a salir muchos nombres y eso no responsabiliza a nadie, matizó al respecto este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 26 de junio de 2020, García Harfuch sobrevivió a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad de México, en el que murieron tres personas.
Según la versión planteada por el exfiscal, cuyo cargo dependía de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los estudiantes, que organizaban una protesta, fueron capturados por policías de la ciudad de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró al confundirlos con enemigos.
Esta versión fue cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que realizó una pesquisa luego de un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre el informe gubernamental, el GIEI saludó este lunes en un comunicado que existan eventuales nuevas revelaciones pero denunció que las autoridades no les han compartido los nuevos elementos.
Una vez que tengamos acceso directo a esta información (...) compartiremos nuestras valoraciones sobre las nuevas revelaciones, señala el texto.
El GIEI denunció en marzo que algunas instituciones, que no identificó, se resisten a entregar información para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia.
El caso Ayotzinapa, que generó amplia condena internacional, constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos.