El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, consideró un "atropello a la dignidad de la presidenta Dina Boluarte el allanamiento a su vivienda y la sede de gobierno, dentro de una investigación sobre relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de sus bienes.
Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales, dijo Adrianzén el sábado a la radio y televisión RPP.
En la madrugada la policía junto a la fiscalía allanaron la vivienda y la sede presidencial, en busca de las joyas de la mandataria.
Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales, añadió Adrianzén en la red X.
Según el jefe del gabinete, al momento de los allanamientos Boluarte se encontraba en su residencia dentro de palacio de gobierno y brindará declaraciones a la fiscalía cuando se la convoque.
La mandataria había pedido una reprogramación de su citación a declarar, pero extrañamente no se la aceptaron. Sin embargo, aun sigue colaborando con la fiscalía, remarcó Adrianzén.
En caso de que fuera acusada formalmente, Boluarte solo podrá ser sometida a juicio cuando termine su mandato en julio de 2026, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando incapacidad moral.
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