La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Redesca), y Libertad de Expresión (RELE) emitieron un comunicado este jueves en el que condenan la represión estatal y el uso de la fuerza durante las manifestaciones sociales iniciadas el pasado 11 de julio en Cuba.
En ese sentido, urgen al Estado a garantizar integralmente el derecho a la protesta, y llaman al respeto de los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza estatal y de debida diligencia para la investigación de los hechos denunciados; además, piden también entablar un diálogo al interior de la sociedad para atender las demandas de la población, y a cesar su distanciamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos.
Asimismo, la CIDH considera inadmisibles y temerarias las declaraciones oficiales que califican como enemigas a las personas manifestantes. Estas declaraciones estigmatizan la protesta, generan un clima de permisividad a la violencia, pueden alentar el enfrentamiento entre la ciudadanía, y son incompatibles con los estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta#, se concluye en el comunicado. La Comisión y su RELE recibieron reportes sobre alteraciones en el servicio de internet en el contexto de las protestas, que incluirían bloqueos a aplicaciones móviles de mensajería instantánea y a plataformas de redes sociales, cortes intermitentes al servicio de internet móvil, y un descenso del tráfico de internet hacia y desde Cuba de acuerdo con el informe de IODA (Internet Outage detection and analysis), que incluso habría caído a 0 el domingo 11 de julio. En este contexto, la CIDH y sus Relatorías llaman al Estado a reconocer, proteger y garantizar los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política; además, reiteran la importancia de que la actuación de los agentes de seguridad del Estado se presente en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos, los cuales establecen que el uso de la fuerza debe regirse bajo los principios de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Adicionalmente, instan a las autoridades a investigar con debida diligencia todos los actos que resulten en violaciones a derechos humanos, a identificar y sancionar a los responsables. La CIDH y sus Relatorías Especiales recuerdan que los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. La represión directa o la detención arbitraria de manifestantes son incompatibles con el derecho a la protesta.