La propuesta del candidato a diputado chileno Sebastián Huerta, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de “volver a minar la zona fronteriza con Bolivia” para frenar la migración irregular, ha generado controversia. Es un tema que afecta el derecho internacional y puede “revivir heridas”, según la percepción de varios diplomáticos consultados.
El político aspira a representar a la región de Arica y Parinacota, difundió un video en el que sostiene que el norte chileno vive una crisis “desbordada por la delincuencia y la migración proveniente de Bolivia”, y propone restablecer los campos minados para detener el ingreso irregular de personas.
“En Arica y Parinacota vivimos bajo las balas y una migración completamente desbordada. Acá necesitamos un cambio radical: volver a minar la zona fronteriza, entregar más facultades a los militares y penalizar el ingreso ilegal”, declaró Huerta en sus redes sociales, mientras promueve una recolección de firmas para formalizar la propuesta ante candidatos presidenciales de su sector.
La pasada semana, a 16 días de las elecciones presidenciales en Chile, Johannes Kaiser, candidato a la Presidencia por el Partido Nacional Libertario (PNL), aseguró que “no hay nada” que quiera de Bolivia, salvo que “se comporte como país civilizado”. La postura de campaña, como la de Huerta, fue cuestionada, incluso, desde varios sectores conservadores.
Chile celebrará el próximo 16 de noviembre elecciones presenciales con ocho candidatos.
Escenario legal
Ahora bien, la sugerencia electoral del candidato Huerta resultó, además, abiertamente incompatible con la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales de Ottawa, firmada en 1997 por 160 países, incluidos Chile y Bolivia, que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y obliga a los Estados parte a destruir sus arsenales y limpiar los campos minados existentes.
Chile había sembrado miles de minas en sus fronteras con Bolivia y Perú durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990), en respuesta a tensiones diplomáticas tras el golpe militar. Según datos oficiales, el país instaló 118.377 minas en sus fronteras, de las cuales 22.988 estaban ubicadas en la frontera boliviana.
Hasta 2017, Chile había retirado el 80% de esos explosivos en el marco de la Convención donde se deben certificar el desarme de estos artefactos mortales.
De este modo, la iniciativa de Huerta no solo contradice un tratado que tiene rango internacional y fuerza obligatoria para el Estado chileno, sino que retrocede más de dos décadas en los compromisos humanitarios asumidos por su país.
El factor electoral
Durante la campaña, el presidente Rodrigo Paz provocó un intenso debate con Chile tras prometer regularizar los vehículos “chutos” (autos internados sin impuestos), aunque luego aclaró que no incluirá a los vehículos robados en Chile y contrabandeados al país. “Legalizar no es legitimar el delito. No podemos seguir siendo un mercado de receptación”, declaró
Conocida la victoria de Paz, la candidata conservadora Evelyn Matthei sostuvo que su país tiene “voluntad y compromiso de avanzar en temas urgentes como la migración irregular, el control fronterizo y la cooperación contra el crimen organizado transnacional”, mientras que el líder republicano José Antonio Kast fue más directo: “Si soy elegido Presidente, me comprometo a reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia desde el día uno, dejando atrás las divisiones del pasado. Chile y Bolivia deben unirse para enfrentar la inmigración ilegal, el narcotráfico y construir una alianza común de progreso para nuestros pueblos hermanos”.
La agenda bilateral entre Bolivia y Chile, está marcada en este tiempo por los problemas de seguridad en la frontera común que abarcan más de 900 kilómetros en una zona de cordillera que sobrepasa los 4.000 metros sobre el nivel del mar y por donde han proliferado pasos ilegales por donde transita droga, trata de personas y vehículos robados.