Bolívar denuncia el accionar de Romualdo Almonte, fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de La Paz, por haber solicitado la imputación formal contra su gerente general, Eduardo Valdivia; y su director financiero y operaciones, Juan Carlos Campero; en el marco de la investigación de un supuesto delito de manipulación informática y agravación en caso de víctimas múltiples, denunciado por el club en diciembre de 2024 que reportó un robo de más de 2.000.000 de bolivianos.
El club fijó posición oficial en defensa de los dos funcionarios este miércoles, un día después de haberse conocido la solicitud del fiscal Almonte de imputarlos con fines investigativos.
Califica esa acción como “poco lógica y convincente” y que refleja “un ánimo de perjudicar a sus superiores y a la imagen de Bolívar”
“Asumiendo la falsa teoría promovida por el acusado Jorge Callisaya Montenegro, ha emitido una resolución de imputación formal en contra de Eduardo Valdivia y Juan Carlos Campero, atribuyéndoles la comisión del delito de manipulación informática, utilizando para ello un razonamiento según el cual ambas personas tendrán que ser consideradas como corresponsables de los hechos delictivos cometidos contra el club Bolívar, por no haber detectado las irregularidades perpetradas por los acusados”, dice en parte del comunicado difundido este miércoles por el club y que saldrá publicado este jueves como solicitada en matutinos de circulación nacional.
Añade: “Dicho fiscal de materia imputa formalmente a los representantes de la víctima, por no haber evitado los delitos de los victimarios, siendo además que para realizar esta imputación no se ha presentado ni propuesto prueba objetiva ni contundente que pudiese sugerir que Valdivia y Campero hayan actuado en complicidad, colaboración, instigación o encubrimiento respecto de los hechos cometidos por los verdaderos autores del delito investigado”.
En el comunicado no hay referencia de Cristina Rocha, para quien también el fiscal solicita detención preventiva. El club informó que “hace más de un año dejó de trabajar en Bolívar”.
Advierte que el club “no permitirá ser sometidos a las típicas prácticas que se convirtieron en normales durante 20 años, en los que la justicia estuvo secuestrada”.
El caso
El proceso penal fue instaurado por el Ministerio Público seguido a instancias de las empresas Kudret Desarrolladora Inmobiliaria, Profutbol SRL y BAISA.
Comenzó en diciembre de 2024 con la denuncia de Bolívar que identificó a tres exfuncionarios como autores del ilícito: Jorge Callisaya Montenegro, Lucy Arias Llusco, por haber desviado a sus cuentas 2.043.113,18 bolivianos; y a María Ticona, acusada por transferir a su cuenta 499.417 Bs.
Durante el proceso las dos primeras fueron detenidas preventivamente y lograron medidas sustitutivas y su defensa solicitó la inclusión de los altos cargos del club también como responsables del hecho.