Es el primer proceso judicial por un crimen ocurrido durante el conflicto armado de El Salvador (1980-1992) que termina en sentencia: absueltos.
Así fueron declarados este viernes Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en el norteño departamento de Cabañas decretó el sobreseimiento definitivo del caso, dejando a los acusados libres de cargos.
La Fiscalía General de la República los acusaba de haber secuestrado y matado en 1989 a María Inés Alvarenga y pedía para cada uno de ellos 36 años de cárcel.
Los ocho eran miembros del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN), entonces guerrilla, y habrían considerado a la víctima, según argumentó la Fiscalía General de la República, como “informante del ejército”.
El caso fue durante meses tachado de infundado, de estar políticamente motivado y de constituir una instrumentalización del sistema judicial.
Expertos legales y organizaciones nacionales e internacionales apuntan a que su detención y proceso judicial tuvo más que ver con el activismo de cinco de ellos.
https://twitter.com/arpassv/status/1847343437944934638
Denuncias y apoyo internacional
La derogación en 2016 de la Ley de Amnistía, que había estado en vigor desde 1993, posibilitó la apertura de la causa.
Ya en marzo de 2023, en una carta dirigida al gobierno, un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas y el vicepresidente del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias expresaban su “temor” de que el caso fuera “un intento de intimidar a quienes buscan defender el medio ambiente en el país, y en especial a quienes defienden los derechos humanos frente a los impactos negativos de la minería”.
Y a mediados de julio de ese año, varios miembros del Congreso de EE. UU. se dirigieron al secretario de Estado, Antony Blinken, para expresar su valoración sobre el proceso judicial en contra de los ecologistas.
“Tenemos preocupaciones significativas con respecto al manejo del caso por parte del fiscal general de El Salvador”, rezaba la comunicación dirigida a Blinken.
Sin embargo, el proceso siguió avanzando en medio de un secretismo casi total y de repetidos llamados a la Fiscalía para que lo desestimara.
En enero pasado, 185 académicos y abogados y 13 organizaciones legales de 26 países enviaron otra misiva abierta, esta vez a la FGR, solicitando que “abandonara de inmediato” el caso.
Las audiencias empezaron este octubre, y en ellas se presentaron “suficientes y contundentes evidencias que demuestran la culpabilidad de los imputados”, afirmó la FGR.
https://twitter.com/FGR_SV/status/1846245734661673210
Mientras, la defensa sostuvo en todo momento que quedó demostrado que no cometieron el crimen.
Trasfondo
La guerra civil dejó unos 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.
Eso indica, dice, que existe “otro trasfondo”, una “intencionalidad”.
Indicios de interés en la minería
El gobierno encabezado por Bukele, sin embargo, no ha hablado pública y abiertamente de ningún plan para derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica ni de intención alguna de abrir las puertas a esa industria extractiva.
BBC Mundo solicitó una entrevista para conocer su versión sobre la cuestión, pero en el momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.
Sea como fuere, Cabezas dice que todo esto lleva a hacerse una serie de preguntas: ¿Por qué hay que crear una Dirección de Hidrocarburos y Minas si hay una ley que prohibió la minería? ¿Para qué volverse parte de un foro que la fomenta? ¿Y por qué hacer una evaluación del sector minero en el país?
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