Una senadora boliviana, junto a gremios de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, impulsa un proyecto de ley para que el país deje de estar entre los pocos en Latinoamérica que no cuentan con una ley de acceso a la información pública y que ya pasó un primer filtro en la Cámara alta de Bolivia.
El proyecto de Ley de Acceso a la información y Documentación Pública fue elaborado a instancias de la senadora Silvia Salame, disidente de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), que recogió aportes de distintas entidades estatales y civiles para enriquecer el texto.
"Este proyecto de ley se ha trabajado con la sociedad civil, con asociaciones de la prensa, con organizaciones que trabajan en derechos humanos, con el Estado central, incluidas entidades como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Transparencia, dijo Salame a EFE.
La senadora, que fue magistrada del Tribunal Constitucional entre 2003 y 2009, sostuvo que un país que se dice democrático no puede dejar de tener una ley que permita a los ciudadanos materializar otros derechos y eso es lo que se busca con esta norma, que ahora debe ser debatida en la Cámara baja.
Antecedentes y base
Según Salame, el proyecto tiene por objeto desarrollar lo establecido en la Constitución boliviana sobre los derechos a ser informado y a la libertad de expresión.
Hemos visto que Bolivia era uno de los pocos países de Latinoamérica que no tenía una ley específica sobre esta temática, indicó.
Esto quedó en evidencia en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso por la desaparición forzada del diputado Juan Carlos Flores Bedregal durante la dictadura militar de Luis García Meza Tejada (1980-1981).
Salame mencionó que la CorteIDH sancionó a Bolivia por precisamente no haber permitido que la familia de Flores acceda a la información oficial sobre el lugar donde fueron enterrados sus restos.
En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, recordó que el citado fallo estableció la obligación del Estado boliviano de aprobar una ley de acceso a la información, un antecedente que resultó oportuno para el debate del proyecto en el Senado.
La ANPB fue uno de los gremios periodísticos que participó en las consultas para elaborar el documento, un proceso que comenzó en 2022.
Alanes destacó que la base del proyecto fue la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA), que recoge los avances normativos en la región.
La propuesta
El documento aprobado en el Senado establece que la norma se aplica a todas las instituciones públicas y entidades de los órganos del Estado, gobiernos subnacionales e indígenas, universidades públicas, la seguridad social y toda persona que reciba, administre o genere recursos o servicios públicos.
Entre otras disposiciones, fija un plazo de 15 días para que la entidad entregue la información solicitada.
También determina la creación de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, que dependerá de la Defensoría del Pueblo y estará conformada por el defensor y otros cuatro integrantes de reconocida experiencia, trayectoria, probidad, ética y con conocimientos en la materia.
La comisión, que será ad honorem , se encargará de garantizar el cumplimiento de la norma y eventualmente emitir sanciones a quienes obstaculicen el acceso a la información, explicó Alanes.
Según Salame, la norma también establece excepciones que deberán justificarse e incluso en algunos casos se requerirá una ley que disponga la confidencialidad o la reserva de la información.
El texto señala que, por ejemplo, no se podrá invocar excepciones en casos de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y/o corrupción de instituciones o funcionarios públicos.
La senadora y la periodista destacaron que la norma beneficia no solamente al ejercicio periodístico, sino a todos los ciudadanos que verán garantizado su derecho a tener acceso a documentos o información.
Alanes consideró que esta ley modificará la cultura ciudadana al propiciar una participación más activa de la población en la fiscalización de la gestión pública que no es una tarea solamente para los periodistas.