La operación denominada encubierta que terminó con el asesinato del teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) José Agustín Tórrez Álvarez y de un informante paraguayo, fue calificada como irregular y extrapolicial, ante la total ausencia de fiscales y la orden de un juez.
A cinco días del suceso violento, registrado en el edificio Fiori, a metros del edificio quemado del Ministerio Público del segundo anillo, se pronunció el fiscal departamental Róger Mariaca.
El fiscal señaló que las autoridades policiales deben responder por la verticalidad con la que actuaron en ese momento.
Aseguró que en esa acción no participó ningún fiscal y quienes tienen que responder son las autoridades policiales por la verticalidad que ellos tienen al momento de realizar cualquier labor.
Asimismo, Mariaca expresó que la ley 1001, de la Policía, determinará la conducta que tuvieron al momento que se cometió el asesinato.
“Considero que no es el primer caso del cual había trabajado la Policía, hay situaciones que están en el cuaderno de investigación y por el afán de no perjudicar la investigación, no las puedo manifestar”, dijo Mariaca.
Agregó que cuando se conoce de un hecho que se vaya a cometer, alguna transacción, o se quiera dar con el paradero de personas, la ley es clara y establece procedimientos.
Mariaca manifestó que de manera documental se va a requerir al coordinador y el fiscal de materia para que puedan corroborar esa información.
Una operación extrapolicial
Después del doble asesinato, el abogado de los funcionarios administrativos del edificio Fiori, Javier Murillo, señaló que según los testimonios de sus defendidos, no se trató de una operación encubierta sino de un volteo. Fundamentó que solo escucharon disparos dejando serias dudas de que esa acción fue legal.
El coronel de ejército en retiro, entendido en materia de seguridad y abogado Jorge Santistevan, calificó como una acción extrapolicial porque hubo ausencia total de autoridades como la autorización de un juez y la intervención de fiscales.
Dijo que una operación encubierta debe tener autorización del juez, vía fiscalía, mediante solicitud fundamentada. El juez verifica que el investigador es una apersona íntegra, autoriza la actividad encubierta. Eso lo especifica claramente el Código de Procedimiento Penal en su artículo 282 y sentencia constitucional que la intervención de agentes encubiertos siempre será con la orden del juez.
Para Santistevan, en la diligencia donde se maneja dinero, el fiscal no necesariamente debe entrar al escenario, pero debe apoyar y ser informado de lo que haga el agente encubierto. “No había fiscal por tanto nadie hizo solicitud de indagación con agente encubierto y tampoco al juez para usar dinero, por lo tanto esa actividad no es un operativo ni de inteligencia ni táctico, fue una actividad extrapolicial, con agentes policiales”; dijo el exmilitar.
Aseguró que al ser una actividad extrapolicial, es arbitraria, e ilegal, y se convierte en un acto delictivo, porque no veló por la seguridad personal y se registró la muerte de dos personas. Considera que el alto mando de la Policía y al Felcn deben ser investigados.
El cuerpo sin vida del informante paraguayo, Silvestre Luis Cardozo Escobar, permanece en la morgue. La Fiscalía confirmó que su esposa y otros familiares anunciaron su llegada para repatriar el cuerpo, previo a trámites legales.
La operación encubierta fue respaldada por toda la Policía y el viceministro de Régimen Interior, general Jhonny Aguilera.
Según las investigaciones de la Policía los autores materiales e intelectuales del doble asesinato en la operación encubierta, fueron identificados como Andre Anders Acosta Loja y Abel Salas Tórrez, integrantes de una red de narcos, que permanecen prófugos.
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