Políticos del oficialismo y la oposición destacaron la masiva participación de los cruceños en el cabildo del domingo y coincidieron en que la pacificación del país ahora depende de la justicia y del Poder Legislativo.
A la conclusión del masivo cabildo cruceño, el alcalde Iván Arias afirmó que la pacificación nacional está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para elevar a rango de ley el Decreto 4824, que fija el censo para el 23 de marzo de 2024, con la exigencia de que los resultados se apliquen también al ámbito electoral antes de las elecciones de 2025. También coloca en manos de la Fiscalía liberar a 20 personas aprehendidas en la capital cruceña en las próximas 72 horas.
“Después del cabildo de Santa Cruz el desafío para pacificar Bolivia está en manos de Diputados y Senadores. La Fiscalía debe poner en libertad a los presos por causa del Censo 2023”, se lee en la cuenta de Twitter del burgomaestre paceño, Iván Arias.
El exministro de Defensa durante la gestión de Evo Morales, Reymi Ferreira, reconoció que fue un “cabildo bastante numeroso en la participación” y más concurrido que el anterior el 30 de septiembre.
Como Arias, subrayó que las preguntas llaman a la participación de otros actores más allá del Gobierno. “Se traslada a la Asamblea la responsabilidad de poner en una ley lo que dice el decreto. Que una comisión discuta la base jurídica de un nuevo relacionamiento con el Estado boliviano, la convocatoria al resto de los departamentos para que sigan con la medida y por último, las 72 horas de plazo para la liberación de los 20 detenidos. Más allá de que piensen que la justicia esté controlada por el Gobierno, ese es un tema que no le corresponde al Órgano Ejecutivo, sino al Judicial y a la Fiscalía”.
Consideró que Santa Cruz ha logrado que tanto la redistribución de los recursos y la promesa de entregar resultados finales hasta diciembre de 2025 para que se definan los escaños, consolide sus demandas.
En la misma línea el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, escribió que el de ayer fue “¡un Cabildo impresionante! Santa Cruz decidió continuar su paro hasta lograr liberar a los detenidos, que el decreto del censo sea ley y se entreguen los resultados finales para escaños en 2025. Que el gobierno deje la soberbia y escuche. No puede ignorar tal convocatoria de gente”.
El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, se subió al camión de Santa Cruz. “¡La verdad siempre prevalece! El trabajo técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz permitió acortar los plazos en el proceso censal. Los recursos permitirán mejores condiciones de vida para los cruceños. La lucha se debe completar con la correcta redistribución de escaños”, posteó en su cuenta de Twitter.
Posteriormente, posteó también que “Vamos a liderar el pacto fiscal, porque Santa Cruz es indomable y pujante Los detenidos merecen estar en sus hogares y así empezar a escribir una página nueva de vivir en paz”, manifestó.
Antes del cabildo, el presidente Luis Arce volvió a fustigar el paro. Descalificó esta medida de presión y sostuvo que es un movimiento de la derecha que tiene como objetivo quitarle su victoria electoral lograda en las elecciones de 2020.
Esta afirmación, según la agencia ABI, fue realizada en una concentración campesina en el área rural de Chuquisaca, en el sur del país y antes de que el cabildo cruceño determinara continuar con el paro.
El reporte de la agencia estatal afirma que Arce dijo “que la derecha pretende otra vez dirigir al país. La derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no pudo ganar en las urnas”, advirtió al calificar de “inadmisible que levanten la cabeza cuando no tienen el apoyo popular”. El Comité Interinstitucional reiteró recurrentemente que el paro sólo busca que el censo sea el 2023, y no tiene afanes desestabilizadores.
El expresidente Evo Morales comentó que “dirigentes políticos del paro cívico que exigían censo en 2023 ahora dicen que la convocatoria para 2024 es un ‘logro’. Queda probado que esa movilización que generó daño a la economía y causó muertes estaba pactada”. Luego reiteró el pedido “para que los operadores del paro sean procesados y sancionados. Si los golpistas que promovieron el paro no son investigados se comprobará que tienen una alianza de impunidad”, escribió.
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