Lo que pasa con Güendá Urubó es el reflejo de lo que viene pasando desde hace años en distintos puntos del país, con proyectos carreteros atravesando áreas protegidas como el Tipnis, Madidi, etc., y generando plusvalía en tierras que ya fueron dotadas desde el nivel central, pero con poco control desde las unidades territoriales autónomas. En el caso del departamento cruceño, poco se sabe de un ‘intento’ de anticiparse a la caótica distribución de la tierra, con una serie de problemas ambientales, como los que derivaron en la quema de la Chiquitania en 2019, o en la deforestación del Urubó por afanes urbanizadores. Luis Alberto Castro, ex secretario de Obras Públicas de la Gobernación cruceña, de 2009 a 2014, recordó que en el año 2012 se trató de materializar la Ley de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz, que apuntaba al control del uso de suelo, en base a la capacidad del uso mayor (PLUS), y el plan de ocupación, “que son las políticas que el gobierno local debe definir cómo se va a intervenir en el territorio”, explicó. Con la Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional de 2009, Castro dijo que se cambió elmodelo de gestión al reducir competencias, pero aclaró que una de las pocas atribuciones que se dejó a las entidades autónomas fue el ordenamiento territorial. Según la ex autoridad, y actual miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Plan de Uso del Suelo (PLUS) sería el punto de partida de ese ordenamiento. “El PLUS está aprobado desde el 95, primero por decreto supremo, que después fue elevado a rango de ley; se realizó con ayuda de la Cooperación Alemana en el estudio técnico”, dijo. Lo más importante del PLUS, indicó, es que jerarquiza los suelos de acuerdo a su capacidad de uso, y en base a eso se fijan la reglas de intervención. “Lo que hicimos en esa época fue buscar herramientas de control territorial, y una de ellas precisamente era la asignación del uso de suelo, es decir que en función de la clasificación y ubicación de esas tierras, se iba a hacer la asignación de uso de suelo”, detalló. El freno político A pesar de la utilidad y necesidad de ese proyecto de ley, once años después, Castro compartió detalles del contexto político que frenó la iniciativa. “Nos enteramos de que el gobierno de turno, a la cabeza de Evo Morales y Álvaro García Linera, estaban tratando de cortar toda relación de las entidades autónomas con el territorio, porque ellos manejan como les da la gana. Cuando se enteraron de nuestro proyecto de ley empezaron a buscar al más débil para presionarlo, al productor, y generaron un registro de aquellos productores que tenían que ponerse en regla con los desmontes ilegales”, recordó. De acuerdo a la versión de Castro, el Gobierno habilitó un registro, que incluso condicionaba lo que iba a producir cada productor para permitirle declarar los desmontes ilegales y regularizar. Dijo que otro tema que estaba pendiente era el de las quemas, ya que normalmente el productor quema los rastrojos para sembrar. “La ley era sumamente interesante, pero cuando se enteró el Gobierno, empezó a presionar al productor, metieron presos a dos productores en Montero y presionó la Cámara Agropecuaria del Oriente, de que si no se paraba este proyecto de ley, no iban a arreglar el tema de los desmontes ilegales”, afirmó. Por esa presión, a través de una carta, firmada por Edilberto Osinaga y Julio Roda, en fecha 14 de mayo de 2012, la CAO solicitaba al gobernador de esa época, Rubén Costas, la paralización de la ley. “Era la amenaza del Gobierno, para que no entremos en una competencia que podía frenar, lo que después fueron los incendios en la Chiquitania. A raíz de esto, Castro dijo quela industria maderera también quedó diezmada porque muchos madereros devolvieron las concesiones. Para Castro, muchos de los problemas actuales tienen que ver con falta del control del suelo, y explicó que aún es posible revertir esto con la materialización de la ley. Insistió en que ya la dio a conocer en 2021 a los legisladores Zvonko Matkovic y Paola Aguirre. “Entre otras cosas, por ejemplo el proyecto tenía previsto que en cada provincia haya una oficina del PLUS, con todos los mapas y las asignaciones de uso para que exista un mayor controlen el uso de la tierra”, dijo. Para Ana Carola Traverso, socióloga y autora de publicaciones sobre el desarrollo de Santa Cruz, los planes de ordenamiento territorial vigentes son válidos y se deben cumplir, por más que no sean ley. Sin embargo, reconoció que, a diferencia de la norma, con cada cambio de administración, estos planes también pueden ser cambiados. Desde su perspectiva, todo lo que se tejió en torno a la norma frenada tiene que ver con el control político del territorio. “Es un durísimo ataque al modelo de desarrollo cruceño, pero también al desarrollo como tal, porque están fomentando actividades ilícitas, que al ser ilícitas ocasionan un tipo de desarrollo que no puede generar recursos legales, ni lucro para el Estado”, dijo. Para ella, se trata de un contrasentido en un gobierno de tinte socialista, que supuestamente vive del Estado y todo su aparato público. Dilema carretero Castro aprovechó para lanzar una sugerencia a la Gobernación y al Gobierno nacional en el conflicto de la carretera Km 13 - Buena Vista. Dijo que si el problema es el futuro inducido por una carretera que pasa por la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó, una condición fundamental para llegar a acuerdos es que el INRA revierta todas las dotaciones de los últimos años, y que no estén ocupadas. “Ahí caen las urbanizaciones del Gobierno y de la Alcaldía de Porongo, donde no hay gente, que se reviertan al dominio departamental de la Gobernación, y con los recursos que hay del proyecto de la ABC, porque tienen más de 25 millones de dólares flotando, y 11 millones de dólares para reposición de pérdidas, que reforesten, que todo lo hagan bosque”, dijo. Deforestación El último informe de Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) sobre deforestación, también abordó el daño ambiental a las áreas protegidas. Según el diagnóstico, las más afectadas por pérdida de cobertura boscosa con las reservas subnacionales, es decir departamentales y municipales. En este grupo entra la UCPN Güendá Urubó, que según FAN, hasta 2022 tenía como 15 mil ha deforestadas, probablemente por la velocidad de las urbanizaciones, ya que tiene tres de estas dentro de sus zona ‘sagrada’. PARA SABER PRIORIDADES No tiene por qué agarrar la ABC y hacer una carretera por el Tipnis, donde no se está uniendo a nadie, ni tampoco a Piso Firme, fueron capricho y presión de los interculturales porque esos lugares están llenos de colonias, ya han colonizado toda esa zona. Prioritario es San Ignacio - San Matías, en la gestión que estuve en Obras Públicas se entregaron seis proyectos para que se hicieran Ignacio - San Matías, El Carmen Rivero Torrez - Santo Corazón, y La Gaiba, explicó. También dijo que bajo ningún concepto se contemplaba Faja Norte, que ahora entra hasta El Choré, tampoco tocar el Amboró, ni la carretera que va a Piso Firme, porque lo que han hecho es vulnerar el bosque, desmontar y crear colonias que ahora quieren carretera.
INRA
La mayoría de las nuevas colonias tiene resoluciones de asentamiento y titulaciones a partir del año 2012, cuando se desarrolló el proyecto de ley. Castro cree que se hubiera prevenido el caos, de haberse aprobado en esa época.
Castro dijo que la política nacional de carreteras debe cubrir las necesidades más básicas, la interconexión de lo que ya existe.
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