“El espíritu de lo que hacemos es que se denote la honorabilidad del Concejo”, dijo el concejal Marcelo Vidaurre sobre lo que mueve a su informe semestral de gestión como bancada de Comunidad Autonómica.
Las estadísticas de ese informe reflejan una profundización en la denuncia, pero según Vidaurre, no por falta de propuestas de parte de C-A.
Según el documento, se lograron 792 Peticiones de Informe Escrito (PIE), 267 minutas de comunicación, 43 proyectos de ley, 332 sesiones ordinarias, 291 casos atendidos en audiencias públicas, 403 inspecciones públicas, 307 casos y denuncias atendidos en sesión, y 54 denuncias realizadas desde C-A.
Ayer, en conferencia de prensa, para compartir los logros de la gestión, los concejales José Alberti, Fede Morón y Marcelo Vidaurre confirmaron que de las 43 propuestas de ley impulsadas por su bancada, todas están en la congeladora.
“Están en el Concejo, aunque no se quieran tratar, y todos o cada uno de estos proyectos beneficia o trató de beneficiar en algún momento de coyuntura al ciudadano”, indicaron.
Según Vidaurre, además de las propuestas para la coyuntura, como por ejemplo qué hacer con el carril del BRT, también hubo alternativas para el desarrollo de Santa Cruz de la Sierra.
Enumeró una ley para el centro, otra para los artesanos, otra para la reactivación e incentivos -no descuentos- en temas impositivos.
Asimismo, un proyecto de ley para hacer más peatonal a la ciudad que ahora es poco amigable, e incluso una normativa para un censo gremial recurrente. En cuanto a esta última propuesta de ley, según Vidaurre, la excusa es que ya hay una normativa, pero que habla de un censo por una única vez, “cosa que ya ocurrió, y ni siquiera se hizo bien”. El concejal aclaró que la iniciativa de un censo recurrente apuntaba a conocer el crecimiento de ese sector, y qué instrumentos hay para darle más formalidad, para un ordenamiento más claro, pero aseguró que es algo que no conviene porque se pondrían restricciones a un sector que “apoyó la candidatura y que está cobrando la cuota política”. Desde C-A reconocieron que hay una desproporcionalidad entre la cantidad de denuncias y/o Peticiones de lnforme Escrito (PIE), pero aseguraron que es porque Jhonny Fernández no está trabajando. “Pensando en una situación utópica de coordinación, nuestros proyectos de ley debieron analizarse y por lo menos el 80% estaría vigente, porque varios tenían que ver con el desarrollo de la ciudad”, recalcó Vidaurre. Entre los casos más sonados, enumeraron Tundy; el del Sistema de Administración Tributaria (SAT), “que se encontró en flagrancia, pero nunca se le abrió un proceso, solo se apartó al funcionario”, indicaron. También mencionaron el caso de Alumbrado Público, con actitudes violentas de parte del secretario contra la ciudadanía; el de cobro ilegal a locales; o el que se hizo a comerciantes para asentamientos. Según la bancada, en todos los casos se movió de repartición a los denunciados, pero no se los sacó por completo de la gestión. Ya sobre las PIE, Vidaurre observó que dos no fueron respondidas, y ambas relacionadas con la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas (SMAF), a cargo de Mario Centellas. El concejal observó que correspondía una Petición de Informe Oral (PIO), que fue impugnada por Centellas. “No sé con qué base jurídica impugnó dos veces porque no existe esa figura, dice él que violenta su derecho al trabajo. Ese es el nivel”, ironizó. Asimismo, lamentaron que todas las denuncias, que tienen a Jhonny Fernández como denominador común, no prosperen, lo que “denota un proteccionismo”, pero recordó que estos delitos no prescriben. Desde la bancada observaron, además que se hubiera judicializado la persecución a los concejales opositores a través de denuncias a Morón, Alberti y Vidaurre. PARA SABER SIN FUERO ANGÉLICA SOSA
Denuncias mediáticas
En cuanto a las 54 denuncias, desde la bancada explicaron que todas han sido del tipo penal porque los hechos “rayan en lo ilícito”, e incluso varios casos se encontraron en flagrancia.
CONCEJALES
C-A contaba con cuatro suplentes y cuatro titulares, pero actualmente tiene dos titulares y tres suplentes.
La bancada de C-A lamentó la vulnerabilidad a la que se exponen, ya que a diferencia de los legisladores nacionales, no cuentan con mecanismos de protección para ejercer su labor fiscalizadora. No tienen una instancia para acogerse, a diferencia de las concejalas, que tienen a la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL).
Vidaurre observó que hasta la fecha las auditorías del alcalde contra Sosa siguen pendientes, lo que denota complicidad desde su época como concejal.