La Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto al Ministerio Público, realizaron ayer el registro de oficinas administrativas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) debido a una denuncia interpuesta, el pasado mes de febrero, por supuestas becas irregulares.
El operativo que se realizó en la oficina de Recursos Humanos y Auditoría Interna, entre otras, tuvo como objetivo para los investigadores conocer el procedimiento que siguen los estudiantes para acceder a una de estas becas institucionales.
Si bien solamente se registraron las instalaciones de estas oficinas, ubicadas en el campus universitario entre el 1er y 2do anillo, el Ministerio Público realizará un requerimiento fiscal para acceder a las carpetas de los estudiantes becarios.
Extraoficialmente, se mencionan 2.000 becas que supuestamente fueron cobradas entre las gestiones 2012 al 2021, provocando un daño económico cercano a los Bs 40 millones a las arcas de la universidad estatal cruceña. Por cada una de estas becas se pagó una suma aproximada de Bs 1.490 mensual.
Según la denuncia presentada, por el estudiante Peter Beckhauser, los denunciados son 13 personas que están siendo investigadas por la comisión de delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes con afectación al Estado, uso indebido de influencias y asociación delictuosa.
Entre los investigados figuran exjefes y exfuncionarios de Recursos Humanos de la UAGRM, además de becarios institucionales e incluso tres dirigentes universitarios. La toma de la declaración informativa de estas personas se viene realizando y no se descarta convocar a más testigos para ampliar la investigación.
Sobre la denuncia
El denunciante de este caso, Peter Beckhauser, explicó que existía una gran diferencia en la forma en la que los investigados supuestamente hacían la selección de estos becarios a lo que dice la norma universitaria. “La selección se la hacía a solicitud de las unidades requirentes cuando el reglamento establece que esto debería realizarse por concurso de méritos”, precisó en su informe.
Luego, prosiguió Beckhauser, se hacían planillas con el nombre de estos becarios que eran enviadas a Contabilidad, donde se elaboraba un comprobante y luego se remitía un cheque a nombre de uno de los cajeros que después de cobrarlo iba pagar con la planilla a una de estas cajas. “Esto deja en evidencia que todo este proceso, desde la selección, que no existe, hasta el pago deja en evidencia una irregularidad en por lo menos cuatro departamentos”, complementó.
El denunciante agregó que para conocer el número exacto de estas becas irregulares y el daño económico, acumuladas en nueve años de la gestión de Saúl Rosas y Osvaldo Ulloa, se está realizando una auditoría interna a la par de este proceso de investigación.
Por otro lado, el asesor legal de la estatal cruceña, Jaime Saldías, indicó que la institución se ha adherido a la denuncia presentada por Beckhauser y que el rector Vicente Cuéllar dio luz verde para que los investigadores puedan ingresar a las oficinas administrativa a realizar el registro y buscar indicio que ayuden al proceso investigativo que se lleva adelante.
“La política que tenemos como institución, a la cabeza del rector Vicente Cuéllar y el vicerrector Reinerio Vargas, es transparentar todo el accionar de la universidad, tanto de las gestiones pasadas como la actual y por eso queremos coadyuvar con esta investigación”.
Sobre el supuesto modus operandi que siguieron los acusados para acceder a estos montos de dinero, el representante jurídico de la UAGRM añadió que los dirigentes universitarios sindicados obtenían el número de cédulas de identidad de “algunos estudiantes y sin que estos lo supieran” procedían a la tramitación para la obtención de la beca.
“Los afectados con la denuncia recién se han enterado de la figuración de sus nombres en estas planillas y por ellos se han apersonado tanto a Asesoría Legal como la Fiscalía para sumarse a la denuncia”, finalizó.
Este no es el primer caso de becas irregulares que se registra en la UAGRM, en diciembre del año pasado tres personas fueron enviados con detención preventiva a Palmasola. Uno de los principales acusados en esa oportunidad fueron el exjefe de Finanzas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Rubén G., a quien se lo acusó por los presuntos delitos de beneficio en razón del cargo, uso indebido e influencias y otros.
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