“Se clasifica como insatisfactorio, por los impactos y riesgos causados por el proceso de la titulación de tierras, sin una adecuada aplicación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)”, concluyó un primer Informe de Seguimiento del Progreso (PMR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre el proyecto de saneamiento y titulación de tierras rurales en Bolivia, que fue publicado a finales de 2021.
El documento observó, en lo que respecta a territorios indígenas a favor de terceros o su conversión a tierra fiscal, la falta de consultas y las debidas compensaciones previamente negociadas de buena fe.
Del mismo modo, remarcó que no hay análisis de la potencial conversión significativa y degradación a través el cambio de uso de suelo, ni las adecuadas medidas de acompañamiento y monitoreo, poniendo al país en riesgo de incumplimiento de B.9 de la OP-703, una de las directrices de la política medioambiental del BID, que se refiere a los hábitat naturales y culturales.
“El Banco no apoyará operaciones ni actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos, o que dañen sitios de importancia cultural crítica”, dice el punto B.9 de la OP-703.
En un segundo informe, publicado en 2022, el BID dio una valoración un poco más positiva al trabajo de saneamiento, e indicó que el INRA estaba en proceso de actualización del PGAS.
“En la misión, el INRA presentó el estado de avance en los puntos socioambientales del plan de acción acordado con el BID, que se encuentra en proceso de ejecución”, concluyó el reporte.
Estos principales avances se concentran en cuatro puntos. El primero, que por fin se considere a especialistas ambientales y sociales, como parte del equipo del INRA.
En segundo lugar, el BID rescató que además se contemplen Términos de Referencia (TDR) y que se hubiera iniciado el proceso de contratación de especialistas para la actualización del PGAS. “En ese momento no contaba con los planes adecuados para la gestión de impactos ambientales y sociales”.
Como tercer punto, el BID resaltó que se han venido implementando mecanismos participativos de titulación de las áreas remanentes, en cumplimiento de demandas de pueblos indígenas, y que se desarrollaron reuniones de coordinación con las autoridades indígenas para orientar en este proceso de titulación.
Por último, un cuarto punto es que ya se cuenta con un desarrollo considerable de la Plataforma Inter operativa SIMAT/SIG del INRA, “para la transparencia del proceso agrario, la misma que ha sido expuesta en la misión”.
Las estadísticas
Un informe del INRA sobre el proceso de dotación de tierra fiscal en Santa Cruz, actualizado hasta septiembre de 2021, indica que en el departamento se otorgaron autorizaciones de asentamiento a 940 nuevas comunidades, sobre una superficie mayor a 1,5 millones de hectáreas (ha).
Asimismo, tituladas se contabilizaron 67 comunidades, en 301 mil ha. En total, hasta esa fecha, fueron incluidas en el proceso de dotación (autorización y titulación) 1.007 comunidades, para acceder a casi dos millones de ha (1.833.380 ha).
La mayoría de estos beneficiarios recibieron tierra en Cordillera, Guarayos y la Chiquitania. En esta última región, con especial énfasis en San José de Chiquitos (266 comunidades nuevas), San Miguel (74), San Rafael (103), San Ignacio (171), y Concepción (103).
En cuanto a las organizaciones sociales, de las 1.007 nuevas comunidades hasta septiembre del año pasado, 707 (el 70%) eran de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); 187 de la Federación de Interculturales; 65 de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (una de las tres Cidob); 38 de Bartolina Sisa; 8 del Movimiento Sin Tierra (MST); una del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq); y una menonita.
En lo que concierne a las solicitudes de dotación al INRA, hasta septiembre del año pasado, solo en Santa Cruz existían 4.305 solicitudes, para 161 mil familias, por un total de 8.113.800 ha, más 1.399 solicitudes de adjudicación.
La mayoría de estos requerimientos estaban en los municipios de San José de Chiquitos (754 comunidades), San Ignacio de Velasco (549), Pailón (437), Concepción (364), San Miguel (304), San Rafael (288), Ascensión de Guarayos (217), Roboré (214), y El Puente (173).Las solicitudes estaban puestas sobre 49 de los 56 municipios del departamento cruceño. En el mismo documento, el INRA deja explícito que, de los más de ocho millones de hectáreas demandadas, solo hay disponibles 929.000, lo que deja una diferencia negativa superior a los 7.000.000 de ha. Basado en el Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Santa Cruz, el INRA establece que existen casi tres millones de ha para uso agropecuario intensivo; más de seis millones de ha para uso agropecuario extensivo; casi 3.000.000 de ha para uso agrosilvopastoril; casi diez millones para uso forestal; más de tres millones de ha para uso restringido: y, por último, más de 11,2 millones de ha para áreas naturales protegidas. Entre las tierras de uso forestal - donde se ubican las concesiones-, y las de áreas protegidas, cada vez más presionadas y avasalladas, suman más de 20.000.000 de ha. Esto, sumado a la escasez de tierra disponible, frente a la demanda, podría explicar la presión de los movimientos sociales para la reversión de concesiones forestales, y la inacción de las autoridades ante el avance sobre zonas protegidas. En el ámbito nacional, las solicitudes de tierra llegan a 6.233, por más de 11.000.000 de ha, más 2.643 requerimientos de adjudicación. Casi el 70% de la demanda apunta a Santa Cruz. Le sigue Beni, con 875 solicitudes, por 1.251.700 ha; luego viene La Paz, con 609 requerimientos, por poco más de 1.000.000 de ha. En tercer lugar está Pando, con 181 solicitudes, por más de 133.000 ha. Le sigue Tarija, con 146 demandas, por 143.450 ha. Entregas por fiesta cruceña En entrevista en Radio Santa Cruz, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, confirmó la entrega de títulos y de nuevas autorizaciones de asentamientos. “La Comisión Tierra y Territorio del Bloque Oriente se ha reactivado. Se entregarán títulos y resoluciones a mujeres, campesinos, originarios. Nuestro presidente nunca viene con las manos vacías, en este caso (será) a las organizaciones del Bloque Oriente”, dijo. Para este cometido, desde hace un tiempo se ha reforzado la Unidad de Distribución de Tierras, con la apertura de una nueva oficina, en la calle Velasco 373. Se trata de un bien incautado, que está bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Para la presentación de las nuevas oficinas estuvieron presentes representantes de los movimientos sociales, del Viceministerio de Medioambiente, y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT). Asimismo, desde hace un mes aproximadamente, el INRA ha iniciado el proceso de verificación del cumplimiento de la Función Social (FS) en las comunidades de la Chiquitania, la mayoría de la Csutcb, muchas de ellas con resoluciones de asentamiento que ya superaron los dos años establecidos por la normativa agraria como plazo para la reversión. Datos extraoficiales indican que una buena parte no tiene habitantes, pero sí grupos que ejercen presión cuando se hace la inspección. Los nombres de las comunidades fueron publicados en dos edictos de distintas fechas, en medios de comunicación, pero no figuran en el portal digital del INRA. En Cochabamba, el 14 de septiembre, por la efeméride 212 de ese departamento, el INRA entregó 7.608 títulos ejecutoriales de propiedad. Se activan reversiones Sin embargo, asociados a Fegasacruz hicieron llegar a EL DEBER notificaciones del INRA, una de ellas con fecha 15 de septiembre, de procedimiento agrario de reversión de dos predios en la provincia Cordillera. No pudimos avanzar absolutamente nada, fue una total pérdida de tiempo, para ablandarnos y meternos el puñal, se lamentaron algunos ganaderos. El documento, firmado por Eulogio Núñez Aramayo, director nacional del INRA, y por Howard Arroyo Camacho, director nacional de saneamiento y titulación; indica que del 20 al 22 de septiembre se realizará la audiencia de verificación de cumplimiento de la Función Económica y Social (FES), de las propiedades La Tunita, de Mary Chamón viuda de Abella, y del predio La Cueva, de José Eduardo Abella Soliz, que juntos suman casi 3.000 ha. La notificación, además, informa de la anotación preventiva de las propiedades, ubicadas en el municipio Gutiérrez. En otra notificación, del 2 de agosto de este año, el INRA remitió a Fegasacruz el Auto agrario administrativo del predio El Trébol, de más de seis mil ha, propiedad de Dieter Jorge Gutiérrez Tarradelles, y ubicado en el municipio Ascensión de Guarayos. Según la notificación, el predio se encuentra sobrepuesto a las categorías bosques permanentes de producción, uso forestal reglamentado y uso agrosilvopastoril. Según Eulogio Núñez, concluir el proceso de saneamiento es una prioridad del Gobierno de Arce Catacora. Dijo que solo queda pendiente el 8% y que a nivel nacional quedan 26.900.000 de ha, pero que de esa cantidad hay que ver cuántas serían para distribuir, para que se puedan conformar comunidades. Aseguró que en Guarayos queda muy poco para concluir, pero que hay mucho conflicto por el acceso y tenencia de la tierra, igual que en Pailón y en la Chiquitania. “El norte cruceño prácticamente se está concluyendo, también en los valles. La zona del Chaco, Cordillera, también está bastante avanzada, igual que Andrés Ibáñez”, dijo. Reconoció que es una superficie importante en la Chiquitania la que está pendiente, y que por eso hay mucha tensión. Para la Fundación Tierra, el proceso de saneamiento en Bolivia se opaca por varios factores.
Para este 23 de septiembre, en sus redes sociales, el INRA ha convocado a una cita en el Coliseo Santa Rosita, desde las 15:00, que contará con la presencia de Luis Arce y David Choquehuanca.
En sus plataformas sociales, el INRA Departamental informó sobre la atención, el 14 de septiembre, a las demandas de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), en temas de saneamiento, procesos administrativos y avasallamientos a predios privados.
En El Trébol ya se hizo la audiencia de verificación de la Función Económica y Social (FES) el 12 y 13 de diciembre de 2021, y la complementación de la verificación de la FES el 18 y 19 de agosto de este año.
La entidad argumenta que se trata de un proceso que no toma en cuenta más que cifras en hectáreas y títulos; que la dotación de títulos a mujeres no verifica su consolidación ni contexto.