El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, aseguró ayer que para este mes se planifica un encuentro de coordinación con la sociedad civil que permita transparentar la información del Censo de Población y Vivienda, previsto para noviembre de este año. Sin embargo, adelantó que será muy difícil recibir mañana, viernes, a los representantes de Santa Cruz que llegarán a La Paz para solicitar más datos sobre el proceso.
La información preliminar ofrecida el martes por el INE sobre la organización del Censo 2022 no logró despejar la incertidumbre. Por el contrario, aumenta la desconfianza en diferentes sectores del país que ante la falta de difusión y coordinación para elaborar la actualización de la cartografía nacional y la boleta censal.
Desde hace semanas, y ante el corto tiempo que se tiene para ejecutar la encuesta nacional más importante, los actores políticos y sectores organizados solicitaron mediante cartas, información sobre las acciones del INE, la tecnología que se aplicará, la capacitación de los recursos humanos que gestionarán los datos, las preguntas de la boleta, las pruebas piloto entre otros aspectos.
“En la reunión interinstitucional, manejamos la lógica de que queremos censo, pero no así. Es decir, no vamos a permitir que se lleve a cabo un censo con información que se maneje herméticamente y sin tener la confiabilidad técnica de que este censo será desarrollado en condiciones adecuadas”, afirmó la asambleísta departamental Paola Aguirre.
Por su parte, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) expresó su voluntad de coordinación del proceso y reiteró que se deben tomar todas las previsiones técnicas y el tiempo necesario para la construcción del censo, “garantizando la confiabilidad y los altos estándares que debe tener en los datos obtenidos”.
Ante la preocupación del manejo de la información, la alianza Comunidad Ciudadana presentó un proyecto de ley de Transparencia, Participación y Control Censal que busca promover la inclusión de la ciudadanía y de los gobiernos subnacionales para fiscalizar y contribuir en todas las etapas de este proceso censal y de los futuros que se desarrollarán.
La propuesta señala en su artículo 14 la creación de la Coordinadora Ciudadana de Participación y Control Censal como instancia técnico-ciudadana conformada por comités cívicos, organizaciones indígenas originario campesinas, universidades, colegios de profesionales, plataformas ciudadanas y demás instituciones interesadas en coadyuvar con el desarrollo del censo.
“Si el Gobierno no tiene nada que esconder y no tiene nada que mentirle a la población, pues deberá dejar participar a estas organizaciones, a estas plataformas y a estas entidades territoriales autónomas”, manifestó la diputada de oposición, Luisa Nayar.
El Decreto Supremo 4546 fija el 16 de noviembre de este año como la fecha de realización del Censo de Población de Vivienda.
A la fecha se conoce que la boleta censal ya fue elaborada y revisada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), durante el relevamiento de datos se desplegarán 305.000 encuestadores en el país.
Mediante nota del 21 de febrero de 2022, el Ministerio de Economía transfirió un total de Bs 116,4 millones para la compra de bienes y servicios destinados al operativo censal. Según el Gobierno el costo de toda la tarea censal será de $us 83,9 millones y representará la contratación de 300.000 personas. Hasta el momento tienen Bs 65,4 millones para contratar consultores.