La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y organizaciones de la sociedad civil anunciaron ayer que se suman al grupo de juristas independientes. El objetivo es llevar adelante la recolección de firmas con miras a realizar un referendo para abrir la Constitución como parte de la reforma judicial.
“Queremos anunciar al pueblo boliviano una alianza, una adhesión de la Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal y de la red de organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de justicia y protección de Derechos Humanos como es Unitas. Son las más importantes instituciones que se suman a esta cruzada nacional para que, organizadamente y de manera territorial, procedamos a recoger las firmas de adhesión de las bolivianas y bolivianos”, informó el abogado José Antonio Rivera, miembro del grupo de juristas que impulsa la reforma judicial en el país.
A partir del 25 de enero, por el espacio de tres meses, se habilitarán en todo el país cerca de 17.000 libros para recolectar 1,5 millones de firmas para pedir un referéndum que modifique parcialmente la Constitución Política del Estado para lograr la reforma judicial.
Rivera explicó que los libros estarán disponibles en las nueve ciudades capitales del país, en espacios públicos, para luego pasar a localidades intermedias.
Apoyo de la Iglesia
El arzobispo de La Paz, padre Percy Galván, comprometió todo el apoyo de la Iglesia católica a la recolección de firmas. Además, el sacerdote pidió el respaldo de creyentes y no creyentes.
Galván dijo que para nadie es desconocida la crisis judicial en el país, por lo que advirtió que reformarla se constituye en un “desafío grande” al que todos los bolivianos deben sumarse.
Mientras, Juan Del Granado, que es parte del grupo de juristas, recordó que una de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) era acabar con las arbitrarias detenciones preventivas, situación que “empeoró” en el país, no solamente en el denominado caso “golpe de Estado”, sino en otros casos que afectan a la ciudadanía.
“La GIEI dijo que tienen que acabar con el abuso de la detención preventiva, tienen que acabar con la persecución judicial, tienen que acabar con el sometimiento de la justicia, pero estamos peor”, cuestionó Del Granado.