La bancada del MAS que apoya al presidente Luis Arce anunció ayer que “todos los ministros” serán interpelados sobre la base de un cronograma que se desarrollará por algo más de dos meses, hasta finales de julio. Pero, estas acciones tendrán lugar tras un fallo del Tribunal Constitucional (TCP) que frena “los efectos penales” de la censura a estas autoridades.
“Comenzó el cronograma de interpelaciones a los ministros. Comenzó el martes con el ministro de Obras Públicas. El próximo martes, a las 14:30, viene el ministro de Gobierno y el miércoles hay otro ministro que va a ser interpelado que, otra vez, será el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y así sucesivamente está agendado, martes y miércoles para las interpelaciones hasta el mes de julio. Todos los ministros van a ser interpelados, nadie se salva”, afirmó ayer el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores.
El ministro Montaño se salvó de ser censurado el martes luego de una polémica votación. En el recuento final, 87 parlamentarios votaron por la censura. Faltaron nueve votos para sacar al ministro de su cargo y desde la oposición el diputado Juan José Torrez, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que el vicepresidente, David Choquehuanca aplicó “una estrategia a partir de legisladores ausentes”.
“Faltó muy poco, pero estamos preocupadísimos porque faltaban nueve votos para llegar a los dos tercios. Por la ausencia de algunos diputados y senadores no se ha llegado a interpelar para destituir a este mal ministro”, señaló Torrez sobre el informe de Montaño con relación a la aerolínea estatal BoA.
“Pero los votos que iban para la censura le dijeron no a la corrupción, no al encubrimiento a la corrupción, no a la ineficiencia que es lo que hemos visto en los últimos meses, como el caso de ABC. A nuestros colegas, llamados renovadores, queremos que no lo vean como un triunfo porque el mensaje es que no se debe encubrir la corrupción”, afirmó el senador Gualberto Arispe, que es de la facción evista.
Con ese mismo tono, el diputado Daniel Rojas (MAS-evista) dijo que “los ministros clave son Iván Lima, de Justicia, y Eduardo del Castillo, de Gobierno”. Anunció que ellos “tienen mucho que informar” y anticipó voto de censura.
Pero, esa expresión de desconfianza está observada de acuerdo con el fallo constitucional 020/2023, emitido el 5 de abril y que se declaró ilegal cuatro artículos de la Ley 1350 que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La norma se aprobó en septiembre de 2020 por Eva Copa, la actual alcaldesa de El Alto, quien en ese tiempo ejercía la presidencia del Senado.
La ley observada tiene apenas cuatro artículos y le confiere al presidente un plazo de 24 horas para destituir al ministro censurado. Aunque el dictamen no cuestiona esa facultad, declaró ilegal los artículos tres y cuatro de esa ley. Esos apartados legales, ahora inconstitucionales, establecen la apertura de una acción penal por incumplir la destitución, así como la prohibición del ministro afectado de volver a la función pública.
El desarrollo del dictamen establece que el mecanismo de la interpelación hace referencia a una política en concreto y resalta el artículo 12 de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la “independencia y coordinación” entre los tres órganos del Estado. Desde la oposición, consideran que la aplicación de una censura quedará “congelada”. Además, lamentaron que las interpelaciones hayan demorado más de un año. El canciller Rogelio Mayta, por ejemplo, debería responder la primera semana de junio sobre la forma en la que actuó el Estado ante la comunidad internacional, cuando estalló la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia a ese país, recordó el diputado Torrez.