El Gobierno admitió que es baja la tasa de ocupación de las viviendas sociales que construyó y prepara una norma para “flexibilizar” el acceso a créditos para tener más beneficiados. Además, anunció la anulación de tres proyectos habitacionales en Santa Cruz sobre los cuales pesaba una denuncia de corrupción que fue planteada desde el oficialismo.
Este anuncio se produjo tras la publicación de un informe de la Cámara de Diputados al que accedió EL DEBER de manera primicial. El reporte señala que el 70% de las viviendas que se construyeron en ocho municipios del eje central en los últimos cinco años se encuentra deshabitadas y, en algunos casos, abandonadas.
“El motivo por el cual no todas las personas de ingresos medios pueden acceder a estos departamentos, es por la evaluación crediticia que realiza el banco, no todos cumplen con los requisitos”, justificó desde La Paz el director de la Agencia Estatal de Vivienda (AE-Vivienda), Juan José Espejo.
El director regional de esta entidad en Santa Cruz, José Luis Saravia, explicó que varios proyectos habitacionales se vieron afectados por efecto de la pandemia y la crisis política de 2019. “Especialmente, durante los primeros meses de la pandemia, muchas personas que estaban en la lista de adjudicatarios perdieron sus empleos o cerraron sus negocios”.
Saravia también anticipó que AE-Vivienda trabaja en “una propuesta normativa” para flexibilizar el acceso a los créditos, pero no anticipó mayores detalles.
“Teniendo un 80% de informalidad en el país, pedirle una lista de documentos para personas de escasos recursos que quieren conseguir una vivienda propia, como aportes a las AFP y papeletas de pago, hizo que este modelo se estanque”, apuntó Javier Arze, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz.
Para la construcción de soluciones habitacionales en Cotoca, Warnes, Totala, Cercado, Vinto, Sacaba, El Alto y Mecacapa se invirtieron más de $us 100 millones y, por la falta de ocupación, hay $us 83 millones que “están dormidos” y que no se están recuperando por parte del Estado, señaló el diputado Aldo Terrazas de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), quien dirigió las pesquisa que toma “una muestra importante” de los proyectos que ejecutó la Agencia de Vivienda.
En el informe resalta, por ejemplo, el Condominio Altos de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz. Allí se construyeron 960 departamentos que fueron entregados en febrero del 2020. Hasta el momento, solo 80 están ocupados, según la investigación.
Saravia reconoció esos datos, pero insistió que a finales de 2019 ya existían adjudicatarios, pero que al perder sus empleos ya no calificaron para los créditos.
Pero, además, el diputado Anyelo Céspedes (MAS) denunció que la oficina cruceña de AE-Vivienda “intentó cobrar hasta el 10%” de los proyectos habitacionales contemplados para San Miguel y San Julián a empresas constructoras interesadas. “Aquí no se tiene que premiar a la empresa que tenga más plata, se trata de contratar a las mejores”, aseguró al solicitar que se haga una intervención a esta institución.
Espejo anunció que una comisión se trasladó a Santa Cruz, pero aclaró que esos contratos se anularon. Saravia precisó que las contrataciones observadas por Céspedes ya estaban en proceso de anulación desde el lunes 5 de septiembre. “Son tres contratos que no cumplieron los requisitos y fueron observados por el departamento jurídico”, explicó.
Terrazas, por su lado, anunció que pedirá un informe oral al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, sobre estos casos.