El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó ayer la apertura de una investigación penal sobre un supuesto viaje entre jueces, fiscales y empresarios de medios, tras la difusión de mensajes en los que se acordaban estrategias para ocultarlo.
El mandatario dio el mensaje por cadena nacional en la víspera de que se conozca el veredicto de un juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presunta corrupción durante sus mandatos presidenciales (2007-2015).
“He decidido instruir al ministro de justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal y que solicite que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y lo relacionado a su financiamiento”, precisó.
Según el presidente, “lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.
Fernández utilizó la cadena nacional “porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”, dijo el mandatario durante su mensaje a la nación.
Alerta máxima”
La polémica se originó en un viaje realizado el 13 de octubre a Lago Escondido, un paradisíaco paraje de la Patagonia argentina, en el que participaron jueces, fiscales, empresarios y el ministro de justicia de la alcaldía de Buenos Aires, en manos de la oposición, según una nota del diario Página/12 que lo hizo público cuatro días después.
Los viajeros, que volaron en un avión privado, se alojaron en la casa de campo del millonario británico Joe Lewis, dueño de miles de hectáreas en el sur del país.
Este fin de semana salieron a la luz una serie de mensajes de un chat de la plataforma Telegram en el que los presuntos participantes de aquel viaje acordaban una estrategia para evitar la difusión y ocultar el origen del financiamiento, según se desprende de los audios y textos difundidos por varios medios.
Algunos proponían la presentación de facturas apócrifas, montajes de fotografías, amenazas y otros ardides.
“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, advirtió el presidente.
La causa contra Kirchner, que ella definió como una “persecución política”, fue impulsada por el juez federal Julián Ercolini, quien figura entre los supuestos integrantes del polémico viaje.
Los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) darán a conocer hoy la sentencia por la causa de Vialidad, que tiene como imputada a Cristina Fernández de Kirchner.