El anuncio que hizo YPFB, el 17 de enero, que en 2024 invertirá $us 159 millones en exploración hidrocarburífera, fue tomado como una noticia risible por parte de algunos analistas del sector, quienes afirmaron que, si ese monto se traslada a la perforación de pozos exploratorios en el subandino sur, solo alcanzaría para dos.
De acuerdo con la estatal petrolera, la inversión pública en el sector en el presente año será de $us 277 millones, de los cuales el 53%, será destinado a 22 proyectos de exploración “para revertir la curva de declinación que no fue atendida durante los anteriores gobiernos y data de 2015”.
Y es que las inversiones en exploración en Bolivia, históricamente fueron muy bajas, en comparación con las ejecutadas en la producción de hidrocarburos. Por ejemplo, en 2014, cuando los campos y megacampos gasíferos entregaban volúmenes de gas natural por encima de los 60 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d), las inversiones en producción superaron los $us 1.000 millones y en exploración apenas sobrepasó los $us 208 millones. Según datos oficiales, en 2023 se registró un récord de inversión en exploración, con $us 324 millones entre la estatal YPFB y las operadoras privadas.
Para el analista y ex ministro de hidrocarburos, Álvaro Ríos, un pozo exploratorio en el subandino sur demanda un monto de entre $us 60 y 80 millones, por lo que consideró una inversión escasa. “Yo no estoy diciendo que YPFB está en quiebra, pero cada vez tiene menos recursos para invertir en lo que más necesitamos, que es exploración. Y el sector privado no tiene los suficientes incentivos para explorar porque preferimos importar el barril a 80 dólares y remunerar al productor local a 27 dólares, lo cual es una aberración”, manifestó.
Por su parte, el analista Hugo del Granado detalló que un proyecto exploratorio, desde los estudios iniciales hasta la perforación y la comercialización significa una inversión de “varios cientos de millones” de dólares, mientras que la perforación de un pozo de por lo menos 5.000 metros de profundidad, significa unos $us 70 millones fácilmente. “O sea que toda la inversión que están programando alcanzaría para dos pozos, y estamos hablando de 22 proyectos; eso quiere decir que los montos son totalmente insuficientes y no alcanzan para nada. Entonces están mintiendo, o primero, que son 22 proyectos. O segundo, que solo tienen 159 millones. Ninguna de las dos explicaciones tiene fundamentos. Entonces, hay alguna exageración”, aseveró.
De acuerdo con el analista, durante el periodo de Gobierno de Evo Morales (14 años) se invirtió alrededor de $us 5.000 millones. “O sea, de lo que están hablando ahora es de un país pobre, con una economía totalmente menguada, sin recursos. Y lo mejor es que afinen la puntería, porque nadie les va a creer eso”, calificó Del Granado.
Para Raúl Velásquez, experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, la inversión en exploración en Bolivia en los últimos 10 años ha sido insuficiente, la ejecución de la inversión en exploración ha bordeado el 50%, lo que ha derivado en la caída sostenida en la producción de gas natural de un 40% y los líquidos en un 50%. “Esto es fruto de la política hidrocarburífera vigente en Bolivia desde el año 2005, profundizada por el decreto 28701(Nacionalización de los hidrocarburos) y la propia Constitución Política del Estado, que han generado desincentivos para la inversión, particularmente en exploración”, apuntó.
Al mismo tiempo afirmó que es fundamental que de manera urgente se introduzcan cambios a la Ley de Hidrocarburos para que sean las empresas privadas las que inviertan en exploración. “Con esos 100 millones de dólares en el municipio de La Paz, por ejemplo, se han construido 10 hospitales de segundo nivel. Entonces, hay un costo de oportunidad para ese dinero que el Estado no debería incurrir, sino debería ser el privado el que asuma”, agregó.
Inversiones paralizadas
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo a EL DEBER que YPFB cuenta con una cartera importante de proyectos para 2024 y que al monto anunciado por YPFB se debe añadir otro muy superior, el de la inversión extranjera directa, que consistente en por lo menos seis proyectos exploratorios -dos que están pendientes en la Asamblea Legislativa- que suman un total de $us 1.600 millones.
De acuerdo con Molina, YPFB necesita mecanismos que permitan movilizar la inversión y, para ello, se prevé algunas modificaciones a la Ley Financial 2024. “Pero además es importante que dentro de la normativa vigente (Ley 3058) hay que integrar algunas alianzas estratégicas para fortalecer, por ejemplo, la posibilidad de inversiones de manera mucho más rápida”, señaló, al referirse a la aprobación de contratos en la Asamblea Legislativa, que demoran alrededor de dos años.
“En noviembre recién se aprobaron tres contratos de servicios petroleros, que son parte de los contratos que YPFB había negociado en 2021 (...). Para ello, se está trabajando en propuestas normativas, en considerar un nuevo régimen económico, clarificar, por ejemplo, el pago de patentes, definir criterios para entender cuál va a ser la participación directa. Porque estas complicaciones, en el momento de establecer negociaciones, generan dificultades”, añadió Molina.
La autoridad aclaró que un proyecto exploratorio se ejecuta por lo menos en siete años y que en el Plan de Reactivación del Upstream, se cuenta con 25 proyectos desde 2021. En ese marco, ya se reactivaron proyectos como Yarará y Churumas, que han permitido incorporar mayores volúmenes de petróleo. “En los próximos años este tipo de campos menores que nos van a dar una producción de hasta 300 barriles por día”, detalló, al mencionar que las cuencas Boomerang y Madre de Dios cuentan con buenas perspectivas para la producción de diésel.
APUNTES Freno. Durante los años 90 y a inicios de los 2000, en Bolivia se perforaban 30 pozos por año, pero con la nueva Ley de Hidrocarburos (3058), aprobada en 2005, decreció a nueve por año y se descubrió sólo un pozo de gas. Megacampo. El último megacampo gasífero en ser descubierto fue Incahuasi, en 2004, el cual ingresó en producción en 2016. Renta. Con la actual Ley 3058, el Estado se queda con el 81% de la renta petrolera y el restante 19% es para las empresas. Nacionalización. El 1 de mayo de 2006 Evo Morales promulgó el Decreto 28701, con lo que expropió activos de las petroleras privadas que se habían adjudicado con el proceso de Capitalización. La medida profundizó la caída de las inversiones extranjeras y llevó al Estado a perder $us 1.200 MM. YPFB apunta a reservas de 19 TCF de gas hasta 2025 De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Información Hidrocarburífera (CNIH), de YPFB, en Bolivia se han perforado más de 1.600 pozos exploratorios, a los que se agregan 92.000 kilómetros de líneas sísmicas 2D y 9.000 kilómetros de líneas sísmicas 3D, además de estudios de aero gravimetría, magnetotelúrica y geoquímica. El potencial hidrocarburífero del país, según YPFB, está distribuido en 7 provincias hidrocarburíferas: Madre de Dios, Altiplano, Beni, Subandino Norte, Subandino Sur, Chaco y Pie de Monte. Se estima que la mitad del territorio nacional tiene potencial que asciende a 151 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF, por sus siglas en inglés) y 17.3 billones de barriles de líquidos (BBbl). En la actualidad, y con base en los recursos prospectivos, YPFB cuenta con una ruta exploratoria que apunta a obtener 19 TCFs de reservas de gas hasta el año 2025. PUNTO DE VISTA Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías “La curva de declinación va a cambiar” En materia de gas, volver a incorporar algún megacampo, va a depender del éxito exploratorio que comencemos a tener con algunos de los proyectos que YPFB, hoy por hoy, viene ejecutando. Evidentemente, dentro de los prospectos que vemos en el mediano plazo, es que esta curva de declinación que venía dándose, luego del 2026-2027, va a comenzar a cambiar. Y tiene que entenderse que la Ley actual de hidrocarburos no permite el desarrollo de nuevas inversiones extranjeras. Esperamos que esto pueda ser tratado este año, porque para nosotros es clave que la modificación pueda materializarse en la Asamblea Legislativa; una discusión que, sin duda, no es política. Creo que uno de los aspectos principales que nuestro país ha atravesado, durante todos estos años, es politizar aspectos que son de desarrollo para todos los bolivianos. Porque las regiones reciben regalías, las universidades reciben recursos de IDH y las mayores obras que se han construido en este país son gracias a los recursos de hidrocarburos. Acá no se trata de perjudicar a una persona o a un gobierno. Es el pueblo boliviano el que se perjudica. Yo creo que nuestro país está entendiendo esa madurez, aunque los conflictos que estamos viendo, tratan de darnos otra señal. Pese a ello, vemos una madurez política. Vemos, inclusive, a un país cansado de este tipo de chantajes y el que no lo quiera ver, realmente sufre una miopía preocupante. Volvemos a reiterar, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Creemos que si logramos consensos para viabilizar este aspecto, sin duda va a ser un cambio importante para el país. No solamente es la voluntad que tiene el Presidente Arce de llevar esto adelante, sino también la necesidad que tiene el pueblo boliviano, de poder revertir lo que no se hizo en muchos años. En el diagnóstico hoy vemos los resultados del pasado. Pero si seguimos con esa misma lógica, el efecto va a ser que nos quedemos con las expectativas truncadas. Sigue el canal de EL DEBER en WhatsApp