El Gobierno envía más policías a Santa Cruz. La llegada coincide con el anuncio realizado ayer por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, de que el Ejecutivo procesará a los responsables de cuatro muertes, un caso de violación múltiple y de 178 heridos supuestamente ocurridos durante los 20 días de paro indefinido. El comandante departamental de la Policía asegura que los efectivos arribarán para relevar al personal de otras regiones.
La agrupación Creemos y diferentes publicaciones en redes sociales denunciaron que centenares de Policías son trasladados desde distintos puntos del país rumbo a Santa Cruz. Solo de Cochabamba llegarán 200 efectivos, informó Los Tiempos.
En Ascensión de Guarayos, un grupo de vecinos impidió el paso de un bus que transportaba policías. Cerraron el paso, pese a que el conductor y su ayudante explicaron que se trasladaban hasta Cerro Chico, carretera a Beni. Fueron obligados a retirarse, reportó el corresponsal de EL DEBER, Desther Ágreda.
En la vía a Camiri, a la altura de Pedro Lorenzo, fueron registradas decenas de camionetas patrulleras con efectivos a bordo. En Colpa Bélgica captaron más de 10 patrullas. Por la ruta a los valles, a la altura de Bermejo, también fueron contados, al menos, cinco buses con policías.
El comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Omar Chávez, dijo que la población no tiene por qué alarmarse con la presencia de policías en diferentes rutas, ya que se trata de relevo de personal.
En diciembre de 2021, luego de una serie de protestas que emprendieron junto a Santa Cruz hasta lograr la derogación de la ley de legitimación de ganancias ilícitas el Gobierno, en una noche, detuvo al exdirigente cívico y excandidato vicepresidencial, Marco Pumari, e inició la persecución del entonces presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel y otros dirigentes que se declararon en la clandestinidad.
El 9 de septiembre de 2022, tras una multitudinaria movilización, los dirigentes de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), de Yungas, tomaron el mercado paralelo de Villa El Carmen, dirigido por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes, y lo quemaron. El 14 de septiembre, la Policía detuvo al presidente de la asociación, Freddy Machicado. Desde entonces, casi una decena de dirigentes fueron detenidos. Con este procedimiento, se ha logrado contener a las bases de los sectores. De hecho, pese a que la presidente de Comcipo, Roxana Grass, fue quien convocó a un paro nacional en demanda de censo en 2023, la semana pasada, Potosí no ha asumido la medida, y se reunirá el lunes para considerarlo. Lo mismo ocurrió con el aguerrido sector cocalero yungueño, que hace dos semanas anuncia un bloqueo de caminos para apoyar a Santa Cruz y exigir la liberación de sus dirigentes, pero hasta ahora no ha podido arrancar. En su informe de gestión, esta semana, el presidente Luis Arce señaló, en aparente alusión a Santa Cruz, que los principios revolucionarios no claudicarán. “No nos van a doblegar”, apuntó. Ayer, la ministra Prada anunció procesos judiciales. “Desde el primer día hemos tomado acciones y pedimos a todas las instancias llamadas por ley (Policía y Fiscalía) a actuar con celeridad para que se haga justicia y que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse bajo el slogan de paro cívico pacífico, estas situaciones no pueden normalizarse, no se pueden invisibilizar”, dijo. El vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, quien encabeza una vigilia en las oficinas de Impuestos Nacionales, admitió que se siente “el primero en esa lista, pero no tenemos miedo, estaríamos orgullosos de estar presos por demandar algo justo, el censo en el año 2023 obedeciendo al cabildo”.