El paro se alarga sin la ley del censo y Calvo exige que se cumplan las promesas

Otro día más. No hubo un acuerdo en el Legislativo para viabilizar la ley que debe garantizar el próximo censo de población y vivienda. Ante este escenario, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, exigió el cumplimiento de las promesas asumidas por la Cámara de Diputados con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) y el Gobierno. 

“Señores diputados, señor presidente de la Cámara de Diputados está en sus manos; es un compromiso que lo ha hecho público. Teníamos que tener hoy día (por ayer) un consenso y no existe. Hay un compromiso de tres poderes con el que prometieron darle a Bolivia lo que corresponde y lo que está enmarcado en la ley y una vez nos vuelven a mentir”, dijo anoche el dirigente cívico en una declaración para la prensa y luego de una evaluación de lo que sucedió ayer en el Legislativo.

En su declaración, el dirigente afirmó “que corresponde” seguir con la medida de presión y apuntó sus críticas contra el Gobierno, a quien le responsabilizó de ser “indolente”. Dijo que está en manos del presidente Luis Arce “pacificar el país” y cuestionó a los legisladores cruceños del MAS.

Entre el viernes y el domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, así como el titular de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, anunciaron el tratamiento de la ley del censo, una norma en la que se precise la realización del censo, así como los compromisos que hizo el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregue los resultados del censo en septiembre de 2024.

De esta manera, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tramitará, antes de las elecciones nacionales de 2025, la asignación de escaños y la delimitación de las 77 circunscripciones uninominales del país. Los datos también se usarán, según la promesa de Cusicanqui, para repartir recursos según la nueva realidad demográfica del país. Según las proyecciones del INE, la tendencia es que más del 70% resida en los centros urbanos.

Jáuregui aseguró que el tratamiento de la norma, incluido su paso por el Senado, se iba a resolver esta misma semana, pero el debate tropezó ayer en la Comisión de Constitución y ya no llegó al plenario de la Cámara Baja. Al final de la jornada, los legisladores retomaron el cabildeo sobre el contenido de la norma, mientras que legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) se declararon en “vigilia permanente”.

El MAS planteó un proyecto de ley para refrendar el Decreto 4824 que firmó el presidente Luis Arce y que fija la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024. Fue el tercer decreto que firmó la autoridad para establecer la fecha del censo y lo hizo en medio de la demanda para adelantar el calendario. 

La exigencia cruceña se había instalado para el censo en 2023 para que el INE tenga el tiempo suficiente para procesar los datos de población que sean suficientes para la reasignación de escaños y la distribución de recursos, según los datos actuales de población. La información actual data de hace 10 años, cuando se realizó la última gran encuesta nacional.

La primera propuesta fue presentada por la diputada Deysi Choque, jefa de bancada del MAS en Santa Cruz; la segunda por el expresidente Carlos Mesa, jefe de la alianza opositora Comunidad (CC), mientras que el tercer proyecto fue el que elaboró Creemos, la organización política del gobernador Luis Fernando Camacho.

Más temprano, en un contacto con los periodistas, Calvo señaló que “el paro va continuar mientras no se tenga una garantía, la ley firmada y establecida en la Gaceta.

Es más, el líder de los cívicos planteó una reflexión sobre el reajuste de los plazos que se tenían antes del conflicto y los que se lograron con la medida de presión. “Lo más importante han sido los resultados. Mientras nos beneficiemos los bolivianos y sean los resultados en septiembre, que podamos tener datos exactos y que podamos corroborarlos con el Tribunal Electoral. Que los recursos lleguen a las diferentes regiones y podamos tener una nueva cartografía electoral. Eso es la garantía de la democracia, porque estos resultados nos sirvan y nos den la tranquilidad al pueblo boliviano para el empadronamiento con miras a 2025”, afirmó Calvo.

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, recordó que el primer decreto que firmó Arce sobre el censo se modificó y que se hicieron promesas incumplida. “Por principio, es importante la fecha. Porque eso lo determinó el cabildo, pero lo otro es también importante, porque si solo ves la fecha y después no nos dan los resultados, entonces no serviría de nada la fecha”, afirmó.

Santa Cruz celebró dos cabildos, el primero fue el 30 de septiembre y fue cuando se estableció la demanda de 2023 para el censo. En el segundo cabildo, del 13 de noviembre, cobró fuerza los resultados de la protesta. “El MAS quería entregar los resultados en 2026, para las elecciones de 2030 y, ahora, con las medidas se han bajado esos plazos”, señaló Gustavo Pedraza, abogado y especialista en la resolución de conflictos. 

“Estamos ganando. Hasta ahora no se está estableciendo el autoritarismo como quiere el Gobierno; pero se está distorsionando la medida en la calle. La solvencia moral es la que hay que cuidar. En algunas rotondas ya se está cobrando peaje. Están haciendo mal uso de la demanda”, afirmó.

Ayer, el senador Felix Ajpi, próximo a Evo Morales, dijo que es “innecesario aprobar una ley del censo” porque “es un salvavidas para los cívicos de Santa Cruz”. El legislador consideró que en la región hay una pugna de la que es parte, según mencionó, el gobernador Fernando Camacho. 

Ajpi afirmó que si la ley del censo llega a su cámara se analizará como cualquier otra ley y vaticinó para ello “unos 15 días”.