La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) conminó al procurador Wilfredo Chávez y al ministro de Justicia, Iván Lima, a que en un plazo de 10 días presenten un informe escrito a la Asamblea Legislativa sobre el cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el abril de 2009 en el hotel Las Américas. Los opositores aseguran que no existen impedimento legal para que se cumpla con la petición, pero desde el Gobierno reiteran que existe reserva en el manejo de la información.
“Estamos presentando esta petición de informe escrito para conminar al procurador y al ministro Lima para que respondan todas las acciones que asumirán para cumplir con todo lo indicado por la CIDH, no solo para compensar económicamente y la rehabilitación de las víctimas, sino para que respondan si van a abrir un proceso penal del caso. Señores Lima y Chávez no tienen impedimento legal para dotar la información que estamos solicitando”, dijo el diputado Manuel Ormachea, de CC.
En septiembre del año pasado se conoció un informe de fondo de la Comisión IDH en el que señala que en el ataque al hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno del entonces presidente Evo Morales en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado, e instó para evitar un juicio internacional que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano.
En la acción policial ocurrida el 16 de abril de 2009 resultaron muerto Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer. Por su lado, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
Sobre el informe solicitado, el diputado Ormachea dijo que si bien el Estado debe cumplir normas de confidencialidad con la CIDH, no existen impedimentos legales para que las autoridades aludidas entreguen la información al Órgano Legislativo.
Ormachea recordó que el plazo de entrega de un informe a la CIDH se cumplió el 11 de enero. Y, en ese sentido, cuestionó al ministro de Justicia por delegar la responsabilidad de referirse al tema al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
En esa línea, Lima reiteró ayer que el único vocero del litigio es el procurador del Estado.“Este caso está bajo reserva de acuerdo al Estatuto y al Reglamento de la Comisión Interamericana. El Gobierno no pronunciará hasta que la Comisión levante la reserva, insistió Lima. Por su lado, el diputado Ormachea lamentó que el procurador solo se haya referido a la compensación económica y la rehabilitación de las víctimas, pero que haya negado la tercera recomendación de la CIDH que pide iniciar un juicio oportuno para identificar a los autores del hecho. En octubre del año pasado, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, rechazó el inicio de una investigación penal en contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades por el caso hotel Las Américas y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, manifestó que con este ofrecimiento y posible cumplimiento a dos recomendaciones de la Comisión, el Estado estaría admitiendo la existencia de vulneraciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el caso también denominado Rósza. Para el diputado oficialista Juan José Jáuregui, el informe de fondo de la CIDH donde se estipulan cuatro recomendaciones al Estado boliviano no tiene un carácter vinculante, por lo tanto, considera que no se incurre en ninguna falta si no se cumplen las sugerencias. “Este informe no tiene un carácter vinculante, simplemente son recomendaciones, una vez que se evidencie que han sido o no atendidas, las víctimas tendrán la posibilidad de activar mecanismos de la Corte IDH”, explicó. Mientras el abogado Williams Bascopé presume que el Gobierno oculta algo al no informar sobre los avances del caso Rósza. Rolando Cuéllar, diputado del MAS, sostiene que el Ejecutivo a la cabeza de Luis Arce no pondrá “las manos al fuego” por Evo Morales, quien es apuntado por la oposición como autor confeso de haber ordenado las ejecuciones extrajudiciales en 2009.