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Camacho pedirá libertad en audiencia de apelación y Fiscalía ampliar detención

Martes, 10 de enero de 2023 a las 22:23
El abogado del gobernador informó que se solicitará que Camacho se defienda en libertad. Mientras, la Fiscalía y Gobierno pedirán ampliar la detención preventiva de cuatro a seis meses. La audiencia de apelación será virtual y empieza a las 8:30


Luis Fernando Camacho volverá a enfrentarse con la justicia. Se confirmó para hoy a las 8:30 la audiencia de apelación a su detención preventiva, que será de manera virtual. La defensa solicitará que el gobernador cruceño se defienda en libertad, mientras que la Fiscalía pedirá que la detención preventiva contra la autoridad se aumente a seis meses.

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, confirmó ayer a EL DEBER que recibió la notificación para la audiencia. El abogado añadió que la autoridad cumple con los requisitos para solicitar la libertad, tal y como se presentó en la primera audiencia. Sin embargo, el juez que presidió la cautelar no valoró la documentación presentada por la defensa del gobernador, dijo.

La audiencia será administrada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el gobernador Camacho podrá seguir el evento judicial desde un salón del penal de Chonchocoro.
“Estamos preparados para presentar todos los requisitos para que el señor gobernador (Luis Fernando Camacho) pueda defenderse en libertad”, afirmó el abogado Martín Camacho.

Desde la parte acusadora se adelantó que solicitarán la ampliación de la detención preventiva de Camacho en la cárcel de Chonchocoro. Tanto el Ministerio Público, como la acusación particular (la exdiputada Lidia Patty), el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría pedirán seis meses de detención preventiva mientras avanza la investigación del caso denominado ‘Golpe I’.

Luis Fernando Camacho fue aprehendido en un violento operativo policial el 28 de diciembre en Santa Cruz de la Sierra y luego trasladado a la ciudad de La Paz.

Ahora se encuentra en la cárcel de Chonchocoro cumpliendo una detención preventiva de cuatro meses por su supuesta participación en un golpe de estado en 2019. Sin embargo, la defensa argumenta que la crisis política y social de octubre y noviembre de 2019 se produjo por el fraude electoral denunciado por la OEA y que provocó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

La audiencia de apelación a la detención preventiva se realizará un día después de realizar diferentes marchas en el país para exigir democracia, justicia y libertad para “presos políticos”.

Seguirá en funciones
La asambleísta departamental Paola Aguirre, de Creemos, dijo ayer que la primera autoridad cruceña continuará siendo Luis Fernando Camacho, aunque admitió que se delegará algunas funciones a otros funcionarios.

“Estamos convencidos de que se debe respetar el voto popular y los derechos políticos que Luis Fernando Camacho ha ganado en las urnas, porque la privación temporal de libertad no puede suponer la suspensión del ejercicio de derechos políticos”, expresó Aguirre.

La asambleísta añadió que el vicegobernador Mario Aguilera viene ejerciendo funciones a lo largo de este periodo y enfatizó que, cuando el gobernador Camacho viajó en algún momento, Aguilera asumió las funciones para no frenar la administración del gobierno departamental.

Por lo tanto, Aguirre recalcó que el gobernador desde el penal de Chonchocoro seguirá ejerciendo sus funciones como la primera autoridad del departamento.

Mientras, desde Europa el Partido Popular ha reclamado al Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, que exprese una denuncia pública sobre la detención y encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz y proponga sanciones contra Bolivia por este caso.

El eurodiputado Leopoldo López Gil demandó “medidas restrictivas” contra los miembros del Gobierno boliviano que preside Luis Arce por “ser responsables de la ilegítima encarcelación del gobernador del departamento cruceño”. 

El PP reclama a Borrell un posicionamiento claro sobre este caso, tras asegurar que la erosión del Estado de Derecho en Bolivia es una realidad derivada de la progresiva falta de separación de poderes.
“Deben cesar las persecuciones políticas”, demandó el eurodiputado López Gil.

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