El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumplirá hoy12 días de reclusión en el penal de Chonchocoro de La Paz. En este tiempo, la región pasó del reclamo callejero por su liberación a expresar una “preocupación” por el futuro de la democracia. El Gobierno aseguró que las protestas son para favorecer la “impunidad” de los responsables de la crisis política de 2019 y ya prepara nuevas detenciones, esta vez para sancionar a los “financiadores” del supuesto “golpe de Estado”.
“No queremos que otras personas que están siendo investigadas por movimientos sospechosos durante el golpe de Estado, que hubiese financiado parte del golpe de Estado, puedan escapar de nuestras fronteras. Queremos que esos sujetos de manera voluntaria se vayan presentando ante las instancias correspondientes, presten su declaración ante el Ministerio Público y esto nos llevará a acelerar los tiempos para darle una verdad al pueblo boliviano”, declaró el fin de semana ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Ayer, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, reclamó “el carácter autoritario” de esa postura y cuestionó que sean autoridades del Ejecutivo que hablen en nombre de la Justicia.
“Si esa es la forma de administrar justicia en este país, todos los ciudadanos debemos estar preocupados. No creo que sea una forma de administrar justicia con encapuchados y helicóptero al lado. Ese ha sido un mensaje muy claro para los opositores externos e internos que tiene el Gobierno”, afirmó Cuellar en alusión a la forma en la que fue aprehendido Camacho el 28 de diciembre de 2022.
Cuéllar hizo estas declaraciones tras reunirse con el alcalde de La Paz, Iván Arias. La autoridad académica viajó a la sede de Gobierno y espera visitar a Camacho que está en un penal de máxima seguridad ubicado a 4.050 metros sobre el nivel del mar del altiplano.
La autoridad académica precisó que no se busca la “impunidad” de ningún boliviano, sino una “justicia transparente”. “Queremos una justicia transparente, una justicia independiente, con división de poderes. No puede ser que los políticos hablen a nombre de los operadores de justicia, no puede ser que el Ejecutivo anticipe las sentencias”, dijo Cuéllar.
Del Castillo señaló que se solicitó la ampliación de delitos contra Camacho por la presunta comisión de cohecho activo y seducción de tropas en base a los movimientos bancarios que se detectaron en su cuenta durante la crisis de 2019. La semana pasada presentó “una pequeña muestra” de las transferencias bancarias que hizo Camacho entre su padre y su hermana, los días previos y luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019.
“No estamos luchando por personas, luchamos por causas y principios. Estas acciones que se promueven son en defensa del principio de la democracia, de la libertad de expresión, la libertad de disentir. Es un reclamo sobre el derecho a un juicio justo, porque se están vulnerando muchas libertades. Hay una reflexión porque se siente que a partir de ahora viene un quebrantamiento la democracia”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, quien consideró que el “mensaje que está dando el Gobierno es de escarmiento para que nadie se anime a protestar”.
Rubén Darío Cuéllar, director de la Fundación Observatorio de los Derechos Humanos (Fodh), indicó que hasta el momento la justicia no citó a declarar a Evo Morales sobre este caso. En ese marco, consideró que el exmandatario tiene responsabilidades sobre lo que sucedió en 2019 y el Gobierno evita mencionarlas.
Señaló, en ese sentido, que Morales “rompió el ordenamiento constitucional” en al menos tres oportunidades. Cuando no acató el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le prohibió postularse para un cuarto mandato. También hizo notar que “esta violación” a la Constitución se produjo cuando, finalmente, se postuló a la Presidencia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que “los jueces no pueden ser presionados por los conflictos, porque no hay políticos privilegiados. Eso sí, sectores afines al MAS reclaman 30 años para Camacho y mantienen una vigilia en las puertas del penal done él está.