Un día antes de la “cumbre”, que prevé asumir “una decisión final” sobre la fecha el próximo censo, el presidente Luis Arce recibió el respaldo político del Pacto de Unidad, la organización que alienta el cerco a Santa Cruz y rechaza el paro que reclama la encuesta para 2023 y no 2024, como señala el Decreto 4760, aún vigente.
En la cita previa a la “cumbre”, Arce también recibió el apoyo de Evo Morales, el jefe de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). La reunión de la cúpula del oficialismo fue convocada hace tres semanas para analizar las tensiones internas que surgieron en el partido, particularmente, por observaciones y denuncias de Morales contra el Gobierno, pero la agenda fue modificada ayer y el único tema a tratar fue el censo.
Mientras tanto, el Comité Interinstitucional decidió enviar una delegación a Cochabamba. La sede fue elegida por el presidente Arce en el contexto de un conflicto que derivó en un paro indefinido que ya cumple siete días en el departamento de Santa Cruz.
“Allá no vamos a negociar, vamos a transmitir exclusivamente lo que se ha decidido en el cabildo del 30 de septiembre. Tenga la seguridad el pueblo cruceño que vamos a transmitir ese pedido cruceño”, informó el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, tras dos días de evaluación.
En esos encuentros participaron los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Tarija, Jhonny Torres, quien es presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), una de las entidades que apoya el censo en 2023.
La comisión estará liderada por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, quien viajó anoche junto al asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan. También se integró a la comisión el vicepresidente de los cívicos, Fernando Larach.
“No tenemos miedo al debate, no tenemos miedo que Bolivia conozca la determinación de un cabildo y el planteamiento que nosotros tenemos porque, a veces, las autoridades de Gobierno distorsionan el fondo de la discusión”, afirmó Cuéllar antes de abordar el avión en Viru Viru.
El gobernador Luis Fernando Camacho dijo el miércoles, en un mitin con vecinos de la Villa Primero de Mayo, que no iba a participar de la “cumbre”. Ayer estuvo en Cotoca y hoy prevé estar en el Plan Tres Mil en un cabildo vecinal.
La postura de Camacho se dio tras las amenazas de “muerte” emitidas en La Paz por Eber Rojas, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). El dirigente dijo, para explicar su postura, que la dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz, Felipa Montenegro, también había recibido “hostigamiento y amenazas de muerte” por parte, según la denuncia, de cívicos cruceños.
Precisamente, con ese tono de condena, las organizaciones que se reunieron ayer con el presidente repudiaron a los dirigentes cruceños que piden el censo en 2023.
“El Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana, la Dirección Nacional del MAS y organizaciones sociales estamos de pie y alertas a cualquier intento de desestabilización”, escribió el mandatario en sus redes sociales tras el encuentro que se realizó en la gobernación de Cochabamba.
Fruto de la conversación se emitió un documento en el que campesinos, bartolinas, interculturales y el Conamaq se declaran “guardianes del proceso de cambio”. Así, denuncian que sus compañeros en Santa Cruz sufren discriminación por parte de “grupos minoritarios logieros que solo buscan desestabilizar al Gobierno”. También acusan al Comité Interinstitucional de malograr la economía y generar caos con el paro indefinido por el censo.
Pero, por efecto del cerco a Santa Cruz, que ejecutan aliados del Gobierno, pequeños productores de hortalizas, legumbres y papa que se cultivan en los Valles cruceños denunciaron ayer abusos y pérdidas. Muchos de ellos corren el riesgo de perder cerca de $us 10.000 por cada camión bloqueado en la ruta La Guardia, uno de los municipios controlados por el MAS.
Desde el martes, afiliados de la Federación de Comunidades Interculturales y de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz —dos de los sectores más representativos del Pacto de Unidad— protagonizan los cortes de ruta para “dejar sin alimentos a Santa Cruz” hasta que se levante el paro por el censo. La medida, aseguran los activistas del oficialismo, es para defender “el derecho al trabajo y la democracia” y, en ese tono, para defender al presidente Arce. “Tenemos más de 70 puntos de bloqueo en todo el departamento, se están bloqueando carreteras y hemos escuchado que aquellas personas que se han sumado no están a favor de la postura del gobernador, sino que sostienen que si los pobres no tienen comida, tampoco la tendrán los ricos”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respecto a la protesta de sectores oficialistas. La autoridad afirmó, además, que para la “cumbre” de Cochabamba se aplicarán “cuatro anillos de seguridad” que estarán a cargo de personal de la Policía. Precisamente, en la capital cochabambina se produjo ayer una protesta protagonizada por decenas de integrantes de entidades cívicas y plataformas ciudadanas en favor de la demanda cruceña y, por esa ruta, por el censo 2023. La movilización contó con la participación del de representantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), vecinos de varios distritos, la Asociación Civil de Mujeres por Bolivia y algunas organizaciones gremiales. Entre las voces que se escucharon dentro de la protesta está la realización de un “censo digital” en el primer semestre de 2023, la organización de un “cabildo” y también un paro de actividades para sumarse a la capital cruceña. La marcha llegó hasta el edificio central de la Alcaldía de Cochabamba, donde está el despacho de Manfred Reyes Villa. “Queremos entregarle al alcalde un cinturón para que se ponga bien los pantalones y se una a su pueblo y un par de huevos porque representa la falta de valentía que está teniendo al dejarse convertir en un rehén político del MAS”, indicó la activista Sofía Rocha. Reyes Villa, en un primer momento, aceptó el cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE) que proyectó el censo para 2024, pero luego aclaró que “más importante que el censo tiene que ser la entrega de los resultados”, porque con ellos se ajustarán los criterios de distribución de recursos a los municipios, en función de los datos actualizados de la demografía nacional y regional que se obtengan con el censo. “Esta reunión tiene que ser para lograr pacificar el país, para seguir avanzando en la reactivación económica”, sostuvo Reyes Villa, quien anunció su apoyo de seguridad y logística para la cita que será en el salón Avanti, ubicado en una zona residencial al norte de la ciudad. Se prevé la presencia de algo más de 300 autoridades, pues han sido invitados todos los alcaldes. Son “representativas y cuentan con legitimidad ciudadana” porque fueron elegidas, apuntó la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón. Dijo que el “Gobierno no se escapó del diálogo”. La autoridad ratificó la postura del dejar “abierta la fecha para que equipos técnicos definan la fecha del censo”, pero no cerró la posibilidad que sea en 2023. Propuso asignar los recursos a partir de octubre de 2024. “El Gobierno no se ha escapado nunca del diálogo”, remarcó ayer la autoridad. “No queremos que nos silben, que nos insulten; queremos ir a buscar acuerdos, aunque no sabemos hasta ahora la metodología”, dijo Iván Arias, alcalde de La Paz. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, también viajó a Cochabamba con la propuesta de hacer el censo “lo más antes posible” para resolver el conflicto por el censo, aunque condenó el paro. El MAS tiene más del 65% de alcaldes en todo el territorio nacional, especialmente en las áreas rurales de todo el territorio nacional, según datos electorales de 2021.