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Antonio Parada presenta acción de libertad contra jueces de ítems fantasmas

Miércoles, 03 de enero de 2024 a las 22:56
El principal acusado del caso considerado histórico, Antonio Parada Vaca, demandó la acción de libertad a los mismos jueces que le abrieron juicio en su contra. El tribunal declaró rebelde a acusados y emitió orden de apremio por no presentarse


Antonio Parada Vaca, detenido en Brasil y el principal acusado del caso ítems fantasmas, demandó con acción de libertad contra los jueces del tribunal séptimo de sentencia que lo están enjuiciando junto a otros acusados.

La demanda fue presentada ayer cuando el tribunal integrado por los jueces Freddy Coronel, Claret Llanos Martínez y Yaneth Noemí Paniagua, abrieron el juicio oral contra varios acusados por el caso ítems fantasmas, en el que figura la exalcaldesa Angélica Sosa.

La acción de libertad de Antonio Parada Vaca, radicó en el mismo tribunal de Coronel, Llanos y Paniagua, para que resuelvan pero éste tribunal que conoce el juicio derivó la demanda a otro juzgado para que resuelva en el tiempo previsto.

Antonio Parada Vaca que permanece detenido en Brasil, a través de su defensa fundamenta que se vio obligado a demandar a los jueces al no haber sido notificado con la acusación para el juicio oral en su contra.

Para la Fiscalía, Parada Vaca, está detenido en Brasil con fines de extradición a nuestro país. Sin embargo, el trámite de extradición está en curso y aún no fue notificado por edicto de acuerdo a las normas.

La acción de libertad tendrá que ser resuelta por otro juez en el término de 24 horas.

Apremio y declarados rebeldes

El juicio se abrió la mañana de ayer ante el tribunal séptimo de sentencia, por el denominado caso ítems fantasmas por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento Ilícito.

 Los acusados son la exalcaldesa Angélica Sosa, el exjefe de recursos humanos de la Alcaldía, Antonio Parada Vaca, su hermano Guillermo Parada Vaca, el exdirector de recursos humanos Javier Cedeño Catacora, el exfuncionario Julio César Herbas Aguilera, la exfuncionaria de una cooperativa de ahorro y crédito que agilizó la apertura de cuentas para los funcionarios fantasmas, así como Mery Balcázar Arce, y el exfuncionario municipal, Javier Carrasco Montero.

Sin embargo, en la primera audiencia solo acudió Angélica Sosa y su defensa. No se presentó el único detenido en Palmasola Guillermo Parada Vaca, pero no fue su culpa, sino que los policías no lo trasladaron al Palacio de Justicia. Tampoco se presentaron Javier Carrasco, que ya fue declarado rebelde en la etapa preparatoria y fue notificado por edicto.

Asimismo, no acudió al juicio Julio César Herbas Aguilera y Mery Balcázar Arce, que gozan de libertad con medidas sustitutivas. Al no presentarse, los jueces declararon rebelde a la ley y emitieron mandamiento de apremio. Además, los jueces ordenaron la designación de abogados defensores de oficio para todos los rebeldes y se fijó nueva audiencia de juicio para el 6 de febrero. La resolución de rebeldía fue presenciada por la comisión de fiscales integrada por Yolanda Aguilera y Marcela Terceros, así como por la defensa de Angélica Sosa.

La Fiscalía aseguró que en su acusación se adjuntó pruebas contundentes contra los acusados y que se solicita se dicte 10 años de cárcel para los involucrados.

Al término de la audiencia de ayer, la exalcaldesa Sosa que cumplió dos años y dos días en Palmasola y que logró su libertad hace poco, manifestó que ella es la principal interesada que se desarrolle el juicio y que demostrará que es inocente de todos los cargos que se le acusa. Dijo que hoy se dedica a trabajar por sus hijos, uno de 10 años y velar por su familia que estaba abandonada. La ex alcaldesa dijo que no existen pruebas en su contra y tampoco una auditoría.

El vocero jurídico de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, manifestó que el juicio está avanzando y que lo que se busca más que meter presa a las personas, es la aplicación de una sentencia por lo mínimo de 8 años para los culpables y recuperar más de 200 millones de bolivianos que se robaron del municipio.

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