Amnistía denuncia “nuevos patrones” de violaciones de DDHH en Nicaragua

Amnistía Internacional denunció que Nicaragua está empleando “nuevos patrones” de violaciones de los derechos humanos, al cumplirse cinco años del inicio de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que fueron violentamente aplastadas.

La organización humanitaria expresó que el Gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, recurre al uso excesivo de la fuerza, leyes penales, ataques contra la sociedad civil y al exilio forzado con el fin de silenciar a sus críticos.

“La política de represión del Gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones”, afirmó Amnistía en un informe titulado “Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua”.

El informe sostiene que “el uso excesivo de la fuerza ha sido ejercido por las fuerzas policiales, en muchas ocasiones en coordinación con grupos parapoliciales”, con “miles de detenciones arbitrarias” desde 2018.

“La implementación de estos métodos ha provocado un amplio abanico de violaciones a DDHH, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad”, añadió Amnistía.

Represión

Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados. Las protestas fueron violentamente reprimidas con un saldo de más de 350 muertos, según la ONU.

Los arrestos de opositores continuaron en los años siguientes. El pasado 9 de febrero, Managua liberó a 222 presos políticos, a quienes expulsó del país, confiscó sus bienes y los privó de la nacionalidad.

Días después fueron privados de la nacionalidad otros 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en la década de 1980.

Amnistía dijo que el Gobierno de Ortega ha cooptado al sistema judicial, el que “ha desarrollado juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno”.

“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del Poder Judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control”, dijo la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas.

El Gobierno de Ortega, que afirma que las protestas de 2018 eran parte de un fallido golpe de Estado promovido por Washington, convocó una marcha en Managua para conmemorar el llamado “Día de la paz”, en el quinto aniversario de las protestas. Aún no ha reaccionado al informe.

Retiro de embajador de UE

Nicaragua retiró la aprobación al designado embajador de la Unión Europea en Managua en respuesta a sus críticas por la represión en el país centroamericano.

“Ante su injerencista, atrevido e insolente comunicado (...), la República de Nicaragua (...) ha decidido suspender el plácet que había concedido al Señor Fernando Ponz, como embajador de esa potencia avasalladora”, dice una nota firmada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada.

“En estas circunstancias y frente al permanente asedio al Derecho de nuestro Pueblo a la Soberanía Nacional, no recibimos a su Representante”, agrega la nota dirigida a Bruselas.

Previamente, el bloque europeo había emitido una crítica declaración por las protestas de 2018, en la que denunció que Nicaragua se enfrenta a “una represión sistémica”.