Ayer, el vocero jurídico de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, confirmó que habían recibido la citación para declarar al edil cruceño, Jhonny Fernández, en calidad de denunciado, dentro de la acusación por supuesta desobediencia a resoluciones, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fallara a favor de Nelson Crapuzzi Zeballos, ordenando la entrega de planos y documentos catastrales del Mercado Mutualista.
La acción legal es seguida por Juan José Zubieta Claros y David Valda, vocales de la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y la declaración del alcalde se fijó para las 8:30 horas de este martes 4 de febrero, en la Unidad de Departamento Especializado en Lucha Contra la Corrupción (Delcc), ubicado en módulo policial de la plaza El Mechero, en el Plan Tres Mil.
En la tarde de ayer se dio a conocer que Jhonny Fernández se encuentra en reposo, debido a problemas de salud. Según el secretario municipal de Salud, Marcelo Téllez, el burgomaestre sufrió una “crisis de ansiedad”, que desencadenó una arritmia cardíaca transitoria.
Téllez dijo que, si su condición empeora, tendría que ser internado en un centro de salud o clínica privada, lo que pondría en duda su asistencia a declarar.
Por su parte, Waminqa Serrano, abogado de Nelson Crapuzzi Zeballos, ayer se presentó en la Quinta Municipal, asegurando que cumple los requisitos exigidos para la entrega de los planos, y que por eso el TCP ordenó que le dieran la documentación del Mutualista.
Hasta el fin de semana, la Alcaldía seguía diciendo, incluso a los gremiales en una reunión, que Crapuzzi no cumplía con los requerimientos demandados por la Secretaría de Planificación.
Consultado ayer el equipo de comunicación municipal, no hubo respuesta a si tiene o no la documentación necesaria Crapuzzi, pero Otto Ritter, abogado de los gremiales del mercado, aseguró que no.
“No cumple, él presentó en 2023 la solicitud para que el Municipio le diera los planos, y según él adjunta su documentación respaldatoria, pero lo que presenta es el plano sepia falso. Todo lo que él ha presentado es falso. Ya está comprobado que los terrenos que tenía Crapuzzi, sobre los cuales plantea su amparo constitucional, están en la unidad vecinal 17. Lo que pasa es que aquí los que nos gobiernan son delincuentes, desde el TCP, con los autoprorrogados, entre estos Isidora Jiménez”, dijo, y también aludió al rol de la Fiscalía, por las preguntas a los concejales, que se inclinaban por favorecer a Crapuzzi.
Asimismo, Ritter observó la matrícula presentada desde el comienzo por Crapuzzi, que aparece bloqueada desde 2023, cuando empezó el proceso judicial.
Explicó que, entre otras cosas, ese bloqueo impide acceder al detalle de la partición del terreno original “que no es el del Mutualista”, remarcó.
Bernardo Montenegro también se refirió ayer a ese bloqueo. “Hay una matrícula bloqueada con la que ellos pretenden demostrar su derecho propietario. Seguramente no se apersonan al Municipio porque tienen una matrícula bloqueada y no van a poder demostrar cómo tienen la propiedad, para que se les pueda entregar de una vez estos documentos”, dijo sobre la sentencia del TCP.
La herencia
Según Ritter, aunque es claro que la matrícula presentada por Crapuzzi es ajena a la ubicación del Mutualista, de ser el heredero de Miguel Crapuzzi Dirienzo, tampoco le correspondería el 100% de la superficie.
“En el mejor de los casos, Nelson Crapuzzi Zeballos solamente tendría derecho sobre un 25% de los bienes de Miguel Capruzzi Dirienzo. Él no puede heredar jamás de Gracia Massaro, esposa de su padre, porque ella no era su madre”, dijo.
Ritter también confirmó que los documentos de Crapuzzi tinenen algo extraño, y es que no muestran cesión municipal (40% de las 4,7 ha en litigio). “Además de que no están ahí en el Mutualista, han hecho ventas de su lugar original por más de 100 lotes, no les queda nada, pero tampoco cedieron calles en su predio original”, apuntó.
Ayer, Waminqa Serrano dijo que van a cautelar al alcalde para que no entorpezca el proceso. “No hay nada que investigar, ya se cometió el delito, el fiscal debería atender su declaración e imputarlo. La audiencia es para ver si se defiende en libertad o no”, indicó.
PARA SABER
FISCALÍA OBSERVADA
Para Otto Ritter, la Fiscalía está comprometida en este asunto, incluidos jueces y fiscales. Dijo que, en teoría, debería ser otra unidad de la Fiscalía la que revise el caso, pero lamentó que en Bolivia eso no sea una posibilidad. Juristas del Colegio de Abogado indicaron que este caso no corresponde a la Unidad Anticorrupción, sino a la de Delitos Especiales. “No se ajusta a la Ley 004 e instructivo de la Fiscalía General”, indicaron.