Acusan al Gobierno de activar plan de persecución a líderes cruceños

La detención del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, ocurrida el miércoles por la noche, y el inicio de procesos por parte de la Fiscalía en contra de autoridades de Santa Cruz que lideraron el paro cívico por el censo, mantiene en alerta a los sectores cruceños y políticos de la oposición. La agrupación Creemos denunció que el Gobierno activó un plan de judicialización para las personas que lucharon en las calles durante 36 días, mientras que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) aseguró que el régimen del presidente Arce activó un plan para intentar acallar las voces contestatarias.

El diputado Walthy Égüez, de la alianza opositora Creemos, aseguró que no dejarán a ningún ciudadano a expensas de la persecución política que pretende implantar el Gobierno en contra de los cruceños que estuvieron más de un mes en protestas para exigir la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, que permita la redistribución de recursos económico a los municipios del país a partir de 2024 y la reasignación de escaños parlamentarios en las próximas elecciones generales, previstas para 2025.

El presidente Luis Arce emitió, el pasado 11 de noviembre, el decreto supremo 4824, que establece que el censo se realizará el 23 de marzo de 2024. Mientras, que la Asamblea Legislativa sancionó el 29 de noviembre la Ley del Censo que establece que la redistribución de recursos se producirá a partir de septiembre de 2024 y los datos censales serán enviados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el tiempo oportuno para que trabaje en la redistribución de escaños legislativos para los comicios generales de 2025.

A consecuencia de la detención del subgobernador Velásquez y de los procesos anunciados por la Fiscalía General en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, el Conade emitió un comunicado en el que exige: “el cese de la persecución judicial en contra de nuestra dirigencia cívica y de nuestras autoridades, a menos que el Gobierno, habiendo perdido el norte en esta batalla en la cual ganó Bolivia, pretenda convulsionar el país y obligar al pueblo a salir nuevamente a las calles en repudio del abuso de poder y del amedrentamiento que pretenden hacer en contra de Santa Cruz”.

El Conade mencionó en su comunicado, que el Gobierno, en su afán de doblegar a Santa Cruz, “usó policías traídos de otros departamentos, paramilitares, policías infiltrados, asesores extranjeros expertos en guerrilla urbana y utilizó toda la artillería antimotines en contra de personas inocentes que solo ejercían su derecho a la protesta, como lo establece la Constitución Política del Estado”.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó el miércoles que fueron admitidas tres denuncias en contra de Camacho, Vicente Cuéllar y Rómulo Calvo, por los hechos de violencia registrados durante los 36 días de paro.

Lanchipa dijo que son tres los procesos activados por varios delitos y que los involucrados serán convocados a declarar en los próximos días, ya sea en La Paz o en la capital cruceña, donde radican las causas.

Por su lado, el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez fue aprehendido por instrucciones del Ministerio Público, acusado por supuestas agresiones a representantes del pueblo guarayo durante el paro cívico.

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó de inaudito que el Gobierno persiga a los que se manifiestan por la vía pacífica y constitucional, mientras que los violentos están libres de proceso.

Nueva relación con el Estado
El abogado constitucionalista y asesor jurídico del Comité Interinstitucional José Luis Santistevan, dijo ayer que el Gobierno promovió la ruptura del pacto social, al manejar a la Policía, fiscales y jueces para intimidar y perseguir a los ciudadanos.

“Se pretende estigmatizar y politizar todos los derechos y garantías ciudadanas que contempla la democracia representativa, a través de la Constitución Política del Estado, como los cabildos, las protestas y la movilización ciudadana en las calles”, dijo Santistevan en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio.

Mencionó que el paro cívico indefinido fue aprobado por millones de personas que participaron del cabildo del 30 de septiembre y que contó con veedores del TSE.
Para el abogado el manejo de la justicia por parte del Gobierno debe figurar entre los principales puntos del nuevo relacionamiento de Santa Cruz con el Estado.