Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) brindó este miércoles una explicación detallada sobre los procesos de contratación cuestionados por presuntos actos de corrupción en la importación de crudo y servicios vinculados, en el marco de una conferencia de prensa convocada por la denominada Comisión de la Verdad. La estatal entregó copias de respaldo documental que en total suman 800 folios a la Contraloría General del Estado, que será la encargada de evaluar si se cometieron irregularidades.
El gerente corporativo de Contrataciones de YPFB, Jorge Rodolfo Roca Mercado, aclaró inicialmente su identidad y explicó que los procesos observados se rigen por dos normativas: el Decreto Supremo 181, que regula las contrataciones públicas, y una normativa específica para la cadena productiva de hidrocarburos, la 29506, que contempla un Reglamento de Contratación Directa con un proceso previo de selección.
Según detalló, antes de cualquier adjudicación existe una etapa de selección abierta, en la que las especificaciones técnicas son elaboradas por la unidad solicitante y publicadas en la plataforma digital de YPFB, donde más de 12.000 empresas están habilitadas por rubro para participar. Posteriormente, una comisión de selección evalúa las ofertas y emite un informe base para la eventual adjudicación.
Procesos observados
Uno de los procesos explicados fue la provisión de crudo correspondiente a la gestión 2025, publicada en octubre de ese año, luego de que cuatro convocatorias previas fueran declaradas desiertas. En este caso, se presentaron dos ofertas y el contrato fue firmado en diciembre por un volumen de 15.000 barriles. Roca aclaró que una adenda posterior respondió únicamente a problemas logísticos en los ductos de transporte y no a modificaciones de fondo del contrato.
Otro proceso observado fue el servicio de inspección de calidad y cantidad de combustibles, presupuestado en 8,4 millones de bolivianos. Aunque el comité de selección identificó una mejor oferta, el proceso fue cancelado antes de la adjudicación debido a la decisión de la unidad solicitante de ajustar los parámetros de calidad del combustible, tras los problemas detectados a inicios de este año.
El proceso será relanzado con nuevas especificaciones técnicas.
Asimismo, se explicó el proceso de provisión de crudo y condensado para la gestión 2026, con un presupuesto de 480 millones de bolivianos. En este caso, se recibieron cuatro ofertas y se procedió a la adjudicación preliminar de dos ítems; sin embargo, el contrato aún no ha sido firmado.
Actualmente, YPFB se encuentra en la etapa de revisión de la documentación legal, administrativa y técnica presentada por la empresa adjudicada, proceso que —según estimaciones— concluirá en aproximadamente diez días.
Durante el acto, YPFB entregó a la Contraloría fotocopias de los procesos de selección observados, que suman cerca de 800 folios, para su revisión técnica y legal. La subcontralora Sonia Velásquez informó que la documentación será analizada bajo procedimientos objetivos y conforme a las normas vigentes, y que los resultados serán comunicados oportunamente por los canales institucionales.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila Navajas, explicó que la Comisión de la Verdad no emite dictámenes, sino que facilita el acceso a la información y la coordinación entre instituciones para esclarecer denuncias. Remarcó que será la Contraloría la instancia que determine si existen responsabilidades administrativas o la necesidad de acciones judiciales.
Con la entrega de la documentación, las autoridades dieron inicio formal al proceso de investigación, cuyos resultados serán informados públicamente una vez concluido el análisis técnico.