El sector algodonero cruceño se declaró en estado crítico y denunció una presunta malversación de Bs 122 millones, además del abandono de una planta desmotadora, en un pronunciamiento institucional de la Federación de Productores de Algodón (Fedepa), emitido el lunes, 26 de enero.
El documento fue leído este martes por el presidente de Fedepa, Jesús Arce, quien advirtió que la cadena productiva del algodón atraviesa una crisis “productiva, financiera e institucional” que pone en riesgo la continuidad del sector. “El sector algodonero boliviano se encuentra en estado crítico de vulnerabilidad estructural”, señala el pronunciamiento, que alerta sobre el impacto en el empleo rural, la seguridad económica de miles de familias y la cadena textil nacional.
Fedepa apunta al Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a la Producción de Algodón (2022-2025), creado mediante el DS 4632, que contaba con un presupuesto de Bs 122,1 millones. Según el pronunciamiento, existen “graves indicios de ineficiencia, mala gestión y presunta malversación de recursos públicos”.
La principal obra del programa, la Planta Desmotadora de Algodón, adjudicada por Bs 37,7 millones en el municipio de Pailón, se encuentra paralizada por conflictos judiciales. Fedepa sostiene que, pese a reportes oficiales de 65% de avance físico y 88% de ejecución financiera, una inspección reciente evidenció un avance real cercano al 30%, lo que podría configurar un daño económico superior a Bs 15 millones.
Durante la lectura del documento, Arce remarcó que “mientras el conflicto legal se prolonga, la infraestructura instalada en Pailón se está destruyendo”, y reclamó acciones rápidas y urgentes para evitar que el proyecto termine como un “elefante blanco”.
Recursos no ejecutados
El pronunciamiento también señala que el entonces Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del IPDSA y el INIAF, dejó de ejecutar alrededor de Bs 30 millones destinados a producción y apertura de mercados, recursos que fueron revertidos por incapacidad de gestión institucional.
A ello se suma la compra irregular de algodón hidrófilo importado por parte de la Caja Nacional de Salud (CNS), pese a impugnaciones formales de empresas nacionales. Fedepa denunció que esta decisión vulneró la Constitución y la Ley 1257, afectando a productores y procesadoras bolivianas, sin que hasta la fecha se hayan iniciado procesos administrativos, civiles o penales.
El documento expone además la crisis estructural de la empresa estatal Senatex, que registra endeudamiento por Bs 320,6 millones, deudas salariales, servicios impagos y conflictos legales sobre la propiedad de sus plantas, lo que agrava la situación del sector.
En el plano productivo, Fedepa alertó que 3.500 fardos de algodón no tienen mercado, lo que impide acceder a financiamiento para la campaña agrícola 2026 y eleva el riesgo de abandono de la actividad, pérdida de empleos rurales y migración forzada hacia centros urbanos.
Acompañamiento político
En la conferencia también participó la exdiputada María José Salazar, quien recordó que las denuncias del sector datan de 2022 y 2023 y cuestionó la falta de respuestas estatales. “Hoy nuevamente este sector se encuentra en crisis”, afirmó, al anunciar que acompañará una denuncia formal ante la Contraloría junto a los productores algodoneros.
Salazar sostuvo que existen responsabilidades administrativas y penales de exautoridades y funcionarios de distintas reparticiones del Estado, y criticó la falta de voluntad política para atender al sector. “Lamentablemente, creo que están pensando más en hacer campaña política que en solucionar los verdaderos problemas de nuestro departamento”, enfatizó.
Peticiones formales
En su pronunciamiento, Fedepa solicitó a la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz la apertura inmediata de investigaciones, auditorías externas al programa algodonero, a la CNS y a Senatex, además de la remisión de antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría, y la adopción de medidas urgentes de reactivación productiva.
La federación advirtió que la omisión de acciones por parte de las autoridades podría configurar incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, mientras el sector algodonero —según remarcó Jesús Arce— “está a punto de desaparecer si no se actúa de inmediato”.