La propuesta electoral del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de nacionalizar los autos ‘chutos’ generó el rechazo del sector automotriz, que advierte un fuerte impacto en la venta formal de vehículos. Según la Cámara Automotor Boliviana (CAB), el proyecto —confirmado por este partido, que ganó la primera vuelta electoral— pondría en riesgo el flujo de más de $us 3.000 millones que actualmente generan las concesionarias en todo el país.
La internación de estos vehículos según la organización empresarial también pone en riesgo la estabilidad de 10.000 empleos directos, 50.000 indirectos y alrededor de $us 500 en impuestos que cada año aporta la actividad automotriz.
La internación de vehículos indocumentados, según la Cámara Automotor Boliviana (CAB), también pone en riesgo la estabilidad de al menos 10.000 empleos directos, 50.000 indirectos y alrededor de $us 500 millones en impuestos que cada año genera la actividad automotriz.
El presidente de la CAB, Jhony Salvatierra, advirtió que la propuesta del PDC significaría un “castigo a la formalidad” para un sector que tiene un efecto multiplicador en la economía.
“Es muy difícil competir contra lo robado, contra lo ilícito, contra lo que no paga impuestos. Nosotros, como sector formal, aportamos trabajo y seguridad, pero vemos cómo se fomenta la informalidad”, cuestionó.
El sector automotor también alertó sobre el impacto en el parque vehicular y el subsidio a los combustibles.
Actualmente, Bolivia cuenta con 2,5 millones de motorizados, de los cuales 1,7 millones son vehículos de cuatro ruedas. Sin embargo, la Cámara estima que cerca de un millón de autos ingresaron de forma ilegal, principalmente desde Chile, Brasil y Argentina, y ahora incluso desde Estados Unidos.
“Si se legaliza este millón de vehículos, el país no tendrá capacidad de abastecer gasolina ni de sostener la subvención”, advirtió Salvatierra.
Parque automotor
Bolivia cuenta hoy con 2,5 millones de vehículos, de los cuales 1,7 millones son motorizados de cuatro ruedas. La CBA estima que al menos un millón de vehículos ilegales ya circulan en el país, provenientes de Chile, Brasil, Argentina y, recientemente, incluso desde Estados Unidos.
La preocupación no solo es la competencia desleal, sino también la presión que esta “invasión” genera sobre el suministro de combustible y el subsidio estatal. “Ya tenemos problemas para abastecer gasolina y diésel. Si sumamos un millón de autos más, ¿será posible que el país aguante la subvención? Lo dudo. Alegría para unos cuantos, hambre para la mayoría”, advirtió.
Propuesta
En este contexto, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, ratificó su propuesta de legalizar los autos indocumentados, aunque aclaró que los vehículos robados serán devueltos al país de origen. “Si hubiese coches robados de cualquier otro país, devolveremos los coches, como también pedimos que nos devuelvan si hay coches robados de Bolivia que van a otras naciones, porque esto es de ida y vuelta”, afirmó.
Paz explicó que la legalización es la mejor manera de conocer con certeza cuántos vehículos circulan en Bolivia y medir cuánto consumen en carburantes, un dato clave para el manejo del subsidio. Además, subrayó que este proceso podría convertirse en una importante fuente de recaudación. Según sus cálculos, si se legalizan medio millón de autos chutos cobrando alrededor de $us 2.000 por unidad, el Estado podría recaudar hasta $us 1.000 millones.
El aspirante del PDC hizo notar que su iniciativa no contempla la legalización de autos con reporte de robo y que, si se detectan, serán excluidos y devueltos a su país de origen. También defendió que la propuesta debe ser entendida como una decisión soberana: “No permitiremos que ningún país melle la dignidad y la soberanía de nuestro pueblo para tomar decisiones”, remarcó.
Sin embargo, la idea ya genera resistencia. El sector automotor formal sostiene que legalizar lo ilegal no solo significa premiar al contrabando, sino que también amenaza el empleo y la inversión en el rubro formal.
Transportistas y autoridades aduaneras expresaron preocupación por el impacto de esta medida en la seguridad, el orden del parque automotor y los costos del subsidio a los combustibles.
El Gobierno de Chile criticó la propuesta de Rodrigo Paz, afirmando que la mayoría de estos vehículos fueron robados en su país. El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, señaló que “establecer alguna forma de legalización es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos, en Chile, fuera de Chile, donde sea”.
Rodrigo Paz ganó las elecciones del 17 de agosto de 2025 con el 32,06 % de los votos, seguido por el exmandatario Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo el 26,70%. Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta el 19 de octubre.
En tanto, el sector automotriz, cuestionó la falta de visión de largo plazo en la política pública.
“Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy es el sector automotriz, mañana será el farmacéutico o cualquier otro”, dijo Salvatierra.
El empresario añadió que en otros países el Estado cuida a sus empresas formales porque las considera socias estratégicas.
“En Bolivia, en lugar de recibir incentivos, recibimos castigos. Nacionalizar los chutos es premiar al contrabando y destruir la poca formalidad que queda”, dijo.
El gremio hizo un llamado a los candidatos y a la ciudadanía a defender la formalidad, porque de ella dependen no solo empleos y recaudación, sino también la sostenibilidad del modelo económico. “El país no puede darse el lujo de perder $us 500 millones en impuestos, ni $us 3.000 millones en movimiento económico. Apostemos por la formalidad, no por la informalidad”, concluyó.