En un amplio diálogo con la prensa nacional, este jueves el presidente del estado, Luis Arce, lamentó la suspensión del tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que respondió a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo.
El Tribunal Agroambiental de La Paz, ordenó el miércoles la suspensión temporal del tratamiento legislativo de los proyectos de ley que autorizan los contratos de explotación de litio con las empresas Hong Kong CBS Investment Limited y Uranium One Group.
Arce consideró que es “una mala señal” para las inversiones extranjeras y para las propuestas de los partidos políticos que se han presentado en las últimas elecciones y que un solo contrato iba significar el ingreso de al menos $us 2.000 millones para la industrialización del litio.
“Es una señal muy fuerte porque ya estamos en la segunda convocatoria y ya están procesándose propuestas de otros países, de otras regiones también que se han presentado para seguir explorando la posibilidad de trabajar con Bolivia en la industrialización de nuestro litio”, señaló el mandatario.
Mencionó que el contrato con China sólo representa el 1.4% de todo el salar de Uyuni y se tiene “mucho espacio” para seguir atrayendo mayores inversiones. “Pero con estas señales que nosotros estamos dando, en este caso estamos judicializando la economía, tanto daño nos ha hecho la judicialización de la política que ha sido criticada (…), no es tampoco menor el hecho de que se esté judicializando la economía”, aseveró.
Remarcó que “esto va a tener un precedente negativo no solamente en el tema del litio”, sino para los sectores de la minería y los hidrocarburos, porque se trata de la misma modalidad de contratos, de acuerdo a la legislación boliviana.
Acusó a la Defensoría del Pueblo que “desconoce la parte económica”, porque estaría poniendo en riesgo no solamente los contratos del litio, “está dejando un nefasto precedente para los contratos mineros, para los contratos de hidrocarburos que tienen exactamente la misma lógica (…)”.
“Están en su pleno derecho, nuestros diputados y senadores, de aprobar o rechazar la normativa que plantea el Ejecutivo, esa es su labor, no del Órgano Judicial ni del Órgano Ejecutivo; esta es una intromisión del Órgano Judicial en labores del Órgano Legislativo que tendrá que deliberar y tendrá que aprobar o rechazar (…). Por lo tanto, aquí hay una intromisión del Órgano Judicial en las labores y el trabajo que hace o que debería hacer la Asamblea Legislativa”, reiteró.