Diversos sectores a escala nacional se movilizan este lunes contra la disposición séptima del Proyecto General del Estado (PGE) 2025. La normativa generado preocupación entre empresarios, emprendedores y trabajadores.
La medida establece que, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales, las entidades competentes están facultadas para activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
Según los manifestantes, representa una amenaza para la propiedad privada y la estabilidad laboral, por lo que plantearon cuatro argumentos contra la normativa:
1.- Atenta contra la propiedad privada: Porque permite la confiscación de mercancías sin un debido proceso legal.
2.- Genera inseguridad jurídica: Se crea incertidumbre entre productores y comerciantes, afectando la confianza en el sistema legal y económico del país.
3.- Desincentiva la inversión: Los sectores movilizados aseguran que ahuyentará a inversionistas nacionales e internacionales preocupados por la falta de garantías legales para sus operaciones comerciales.
4.- Afecta el empleo: Sectores como el industrial advierten que la disposición podría poner en riesgo miles de empleos al impactar negativamente en la producción y comercialización de productos.
Los sectores afectados sostienen que la disposición podría traducirse en una intervención estatal excesiva, afectando la inversión y la seguridad jurídica de las empresas. Ante esta situación, se ha convocado a un paro multisectorial movilizado, con el objetivo de presionar a las autoridades para reconsiderar la normativa.
El debate en torno a esta medida continúa y se espera que en los próximos días el Gobierno emita una respuesta oficial ante las demandas de la ciudadanía.
En respuesta a estas preocupaciones, la Cámara de Senadores aprobó recientemente un proyecto de ley para derogar la Disposición Adicional Séptima del PGE 2025. Sin embargo, la medida aún debe ser tratada por la Cámara de Diputados para su aprobación final.