Desde el 1 de enero, Bolivia inició la gestión 2026 con un Presupuesto General del Estado (PGE) en plena vigencia automática, ante la falta de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El escenario implicó que el actual Gobierno arrancará el año ejecutando una planificación económica diseñada por la administración de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS), una herencia presupuestaria que, según estimaciones técnicas, se extenderá al menos durante los primeros 60 días.
En ese lapso, el gobierno de Rodrigo Paz ha prometido enviar al Legislativo el PGE reformulado y habrá que esperar los debates que puedan surgir en las cámaras de Diputados y Senadores.
La Constitución Política del Estado establece que, si el Presupuesto no es aprobado hasta el cierre de la gestión, este entra en vigor automáticamente desde el primer día del nuevo año fiscal. En consecuencia, el Ejecutivo quedó obligado a operar bajo las variables macroeconómicas, los niveles de gasto y las proyecciones de ingresos definidas por el anterior Gobierno.
No se trató de un hecho inédito. Ya en las gestiones 2024 y 2025 el PGE rigió bajo el mismo mecanismo, debido a discrepancias internas en el Legislativo que impidieron su aprobación oportuna.
En este marco, el economista Rubén Arias analizó los desafíos que enfrentó el país en este inicio de año y la complejidad de administrar una economía bajo un presupuesto heredado.
En diálogo con EL DEBER, Arias subrayó que el nuevo Ejecutivo asumió con una hoja de ruta ajena a su programa económico. “El gobierno estaba heredando el presupuesto formulado por la anterior gestión de Luis Arce, donde las variables macroeconómicas estaban orientadas de acuerdo a la política de su gobierno”, afirmó.
Precisó que el PGE vigente contemplaba, entre otros supuestos, una inflación proyectada del 10%, elevados niveles de inversión pública y un esquema fiscal basado en la permanencia de la subvención a los hidrocarburos.
Respecto a la ejecución en los primeros meses, Arias fue enfático en la necesidad de ceñirse al marco legal, especialmente en la relación fiscal con gobernaciones y municipios. “Le correspondía al gobierno ejecutar exclusivamente la distribución de los recursos con los gobiernos subnacionales conforme a lo determinado por el presupuesto en vigencia y no podía salirse de ese parámetro”, advirtió.
A su juicio, “hay que cumplir a cabalidad el presupuesto que se encuentra vigente mientras no se hagan las modificaciones correspondientes”.
Uno de los puntos más sensibles de la reformulación será la incorporación de los cambios introducidos por el Decreto Supremo 5503, conocido como Decreto de Emergencia Económica, que dispuso el levantamiento de las subvenciones a los hidrocarburos. “Todas las reformas que se han realizado a través de este decreto, indudablemente debían ser incorporadas e iban a representar cambios sustanciales”, sostuvo Arias.
Según su análisis, el fin de las subvenciones obligó a replantear de inmediato las proyecciones de ingresos y gastos del Estado. “El gobierno debía adecuar los aspectos macroeconómicos y las proyecciones de ingresos, porque ya no íbamos a tener la subvención de hidrocarburos, ese flujo de recursos que era destinado para este fin”, afirmó.
Arias remarcó que, en ese nuevo escenario, sería clave ajustar las transferencias a los gobiernos subnacionales. “Había que ajustar las transferencias considerando los nuevos ingresos que va a tener el Estado y priorizar el gasto fundamentalmente en gestión social”, indicó. Alertó, además, que el levantamiento de la subvención aún generaría presiones inflacionarias que debían reflejarse en el nuevo PGE “para tener números reales de lo que estaría sucediendo tanto en el gobierno central como en los gobiernos subnacionales”.
Finalmente, el analista advirtió que el Ejecutivo enfrentaría un doble desafío en los primeros meses: aplicar una disciplina fiscal estricta y, al mismo tiempo, contener las tensiones sociales. “Este gobierno tenía la misión de llevar adelante una disciplina fiscal férrea y un ajuste del gasto, más aún con la reducción de ministerios y el nuevo esquema organizativo del Ejecutivo, pero a la vez iba a verse obligado a desarrollar programas sociales que atenúen las tensiones políticas”, concluyó.
El proyecto original
El proyecto presentado en octubre a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la gestión de Luis Arce, proyecta un gasto consolidado de Bs 298.332 millones.
La propuesta se formula en un contexto marcado por inflación elevada, presiones sobre la balanza energética y un déficit fiscal que nuevamente superará el 10% del PIB, de acuerdo a la proyección.
Según el documento al que accedió EL DEBER, el Ejecutivo de ese entonces sustentó el presupuesto sobre una hipótesis de crecimiento del PIB del 0,9%, una inflación de 10,1% a fin de período y un precio referencial del petróleo de $us 71 el barril. Este último supuesto es clave, pues determina buena parte del impacto del subsidio a los combustibles, uno de los rubros de mayor peso dentro del gasto público.
Uno de los factores más críticos del PGE es la subvención a los carburantes. Para 2026 se programaron Bs 15.547 millones —para 2025 fueron Bs 15.156 millones— para cubrir la importación de diésel, gasolina especial, GLP y otros productos, además de los incentivos a la producción de petróleo y condensado.