E.Estremadoiro/JC. Salinas
La promulgación de la Ley 157 que permite convertir pequeñas propiedades en medianas, anunciada durante la Agropecruz 2026, marca un nuevo intento por destrabar uno de los principales cuellos de botella del agro boliviano: el acceso al financiamiento productivo.
El presidente Rodrigo Paz Pereira defendió la medida como una herramienta para que los productores rurales puedan utilizar sus tierras como garantía ante entidades financieras y así ampliar su capacidad de inversión.
Paz planteó un cambio de rumbo en el modelo económico boliviano, con énfasis en la inversión, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector productivo, al advertir que el país no debe “volver al pasado” tras los 20 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En Bolivia, el acceso al crédito en el área rural sigue siendo restringido. Datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) muestran que, aunque la cartera productiva ha crecido en los últimos años, una gran parte de pequeños productores continúa fuera del sistema financiero formal.
Esto se debe, entre otros factores, a la falta de garantías reales suficientes. En muchos casos, las pequeñas propiedades —por su tamaño o restricciones normativas— no son consideradas aptas como respaldo crediticio por las entidades financieras.
En ese contexto, la nueva ley busca destrabar esa limitación, permitiendo que, de manera voluntaria, los propietarios soliciten al Instituto Nacional de Reforma Agraria el cambio de clasificación de sus predios.
Al respecto, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), destacó la puesta en vigencia de la nueva norma a tiempo de remarcar que los productores de forma voluntaria y de acuerdo con su capacidad financiera podrán pedir al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pasar de pequeñas a medianas propiedades, “ lo que significará la chance de poder obtener créditos financieros, claves para aumentar la producción”.
Sin embargo, productores advierten que el acceso al crédito no depende únicamente del tamaño de la propiedad, sino también de factores como la estabilidad normativa, la seguridad jurídica y la rentabilidad del sector.
En Bolivia, el agro representa alrededor del 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y es uno de los principales generadores de empleo y divisas, especialmente a través de exportaciones de soya, carne y derivados.
Sobre el tema, el investigador en temas agrarios, Gonzalo Colque, consideró que la reciente promulgación de la Ley 157 visibiliza un problema de fondo en el sistema agrario boliviano: la vigencia de una clasificación de la propiedad rural que data de hace más de siete décadas.
Colque explicó que el principal aspecto positivo de la norma es que coloca en la agenda pública la necesidad de actualizar los criterios con los que se clasifican los tipos de propiedad agraria en Bolivia.
Robo de ganado
La nueva normativa en Bolivia contra el abigeato (Ley 513/2024-2025, que modifica la Ley 1102), también fue promulgada.
La misma endurece las sanciones estableciendo penas de hasta ocho años de prisión para casos graves de robo de ganado. Esta ley busca proteger a los productores agropecuarios mediante controles más estrictos y una lucha directa contra el robo de ganado.
Durante su intervención, el primer mandatario enfatizó la necesidad de aplicar medidas más estrictas contra este delito.
“Ya basta de robarnos, esa norma ayudará a ser más duro con el que roba. Ya basta de robarnos”, afirmó, el presidente del país, al remarcar que la legislación apunta a fortalecer la seguridad en el ámbito rural.
La nueva norma busca reducir las pérdidas en el sector agropecuario y brindar más garantías a los productores, quienes en reiteradas ocasiones denunciaron el impacto del abigeato.
Paz también señaló que este tipo de iniciativas forman parte de una agenda orientada a respaldar al sector productivo y anunció que se trabajará de manera coordinada con autoridades electas para su implementación.