El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, advirtió que el crédito que consiguió la Gobernación de Santa Cruz para la carretera Okinawa-Santa Cruz de la Sierra “no será suficiente” para cubrir todo lo que hace falta. Por su parte, las autoridades departamentales anunciaron que este martes iniciaron los trámites para que Obras Públicas no tenga más pretextos y destrabe el financiamiento para la obra. Con documentos en mano, Montaño indicó que los representantes de la Gobernación solicitaron la licencia ambiental para la “construcción” del proyecto carretero, documento que fue emitido en 2018, pero que este año cambiaron esa solicitud a “mejoramiento”. “Por eso indicaba que hay inexperiencia en funcionarios de la gobernación. No es lo mismo señor Édgar Landívar (secretario de Desarrollo Económico) construcción que mejoramiento. Entonces, la cantidad de recursos económicos no son (los mismos) para una construcción que para un mejoramiento”, reiteró Montaño. La noche de este lunes, tras intensas negociaciones, representantes de la Gobernación de Santa Cruz, del Gobierno central y de organizaciones privadas y públicas movilizadas de los municipios de Okinawa, Cotoca y Warnes, así como del Distrito 15 de Santa Cruz de la Sierra, llegaron a un acuerdo para suspender el bloqueo indefinido que se había instalado la madrugado de esa jornada. Hugo Álvarez, presidente del Comité Pro Caminos de Okinawa Uno, informó que luego de mantener una reunión por varias horas con el viceministro de Transporte, Wilfredo Gutiérrez, y con el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Edgar Landívar, se acordó dar un plazo de siete días para subsanar todos los errores que frenan el avance de las obras. “Señor secretario de la Gobernación (Landívar) no es con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda con el que tiene que solucionar esta ficha ambiental, es con el ministerio de Medio Ambiente y Agua”, insistió Montaño. “Tienen que corregir porque, de otra manera, va a pasar este primer filtro y se va a trancar en la búsqueda de financiamiento”, dijo Montaño. Al respecto, Landívar indicó que implementa acciones para que el Ministerio de Obras Públicas no tenga más “pretextos” para no firmar el documento que destraba el financiamiento de $us 47 millones pre aprobado por el banco de desarrollo de América Latina-CAF. “En una primera instancia”, la licencia ambiental “decía construcción” y “a pedido de la Gobernación le cambiaron el nombre a mejoramiento. Esta observación la hacen ahora, después de cinco años. Hemos construido el tramo I y II con esta licencia ambiental, hemos sido pasibles de cinco monitoreos medioambientales; en ninguno hubo observación, ni del Ministerio de Obras Públicas ni del Ministerio de Medio Ambiente”, recordó el secretario de Desarrollo Económico. “Queremos vitar pretextos de parte del Ministerio Obras Públicas para no firmar la carta. Hoy día estamos ingresando una nota al Ministerio de Medio Ambiente para que vuelva el nombre a construcción, como lo ha pedido el ministro Montaño”, informó. Aclaró que solo cambiará la denominación de la licencia y que su vigencia plena se mantiene por 10 años. El proyecto de infraestructura vial se comenzó a gestionar en 2014 y se entregó a los municipios en 2015, en un acto que contó con la participación de representantes de la Gobernación de Santa Cruz, del Gobierno central y de la cooperación japonesa. La obra de 64,5 kilómetros y pavimento rígido se divide en tres tramos. El primero (de 19,1 km), fue construido y entregado por la cooperación nipona en 2022; el segundo (5 km) fue concluido por la Gobernación en 2021; y el tercero de casi 40 km e igualmente a cargo de la Gobernación aún espera el crédito de CAF. El domingo, Montaño dijo a medios estatales que en este tema “la equivocación, el error, es del Ministerio de Medio Ambiente”. “En mayo, se le ha entregado (a la Gobernación) la nota para que puedan corregir y puedan realizar las acciones administrativas con Medio Ambiente”, remarcó. Landívar precisó que el primer cambio de denominación de la licencia ambiental tardó tres días, por lo que estima que el lunes próximo ya se tendrá el ajuste, lo que a su vez deberá viabilizar la carta de priorización de Obras Públicas, que es “lo único que se necesita para el financiamiento”. Los siguientes pasos, en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y en la Asamblea Legislativa los dará la Gobernación, para lo cual tiene adelantados varios trámites, como el certificado de endeudamiento. Landívar consideró que en este tema no hay “voluntad política” del Gobierno. Esta observación del ministro nos llega el 31 de mayo, junto con otra carta que pide que firmemos una adenda para el tramo I de la misma carretera. Pregunté al viceministro (Gutiérrez) por qué la licencia ambiental tiene validez para firmar la adenda, pero no para firmar la priorización. No tienen una respuesta técnica ni legal, sostuvo Landívar. Según los movilizados, la falta de esta carretera perjudica a las 33 comunidades aledañas a esa zona, que producen trigo, soya, ganado y otros alimentos para los mercados del país.
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