Al igual que la falta de aprobación de créditos externos que aliviarían la crisis de dólares, el Gobierno acusó nuevamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por no aprobar unas tres leyes de seguridad jurídica sobre la tierra y que las que se encuentran avasalladas serían tierras no saneadas.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, aclaró el martes que el Gobierno no tituló ni saneó ningún tipo de propiedad que haya sido avasallada porque ello no genera derecho alguno y “seguirá con esa conducta de cumplir y hacer cumplir la ley”.
“En todas las denuncias de avasallamiento que hemos tenido, estas han sido en tierras que no están saneadas, que no han sido tituladas, es por eso que el Gobierno ha presentado diferentes propuestas de ley que lamentablemente están estancadas en la Asamblea”, dijo en conferencia de prensa.
“La propiedad privada que cuenta ya con un título tiene toda la ley a su favor, tiene la administración de justicia a su favor y sobre todo, la institucionalidad del Estado para hacer respetar sus derechos”, remarcó.
De acuerdo con datos difundidos por los sectores productivos, solo en Santa Cruz existen al menos 90.000 hectáreas avasalladas en predios productivos y hace pocos días se denunció que los invasores incluso han tomado tierras comunitarias de origen (TCO), protegidas por ley, en Concepción, San Javier y San Antonio de Lomerío. Los avasallamientos en áreas protegidas también son recurrentes y son los que provocan a mayor cantidad de incendios forestales debido a los desmontes.
Flores resaltó que el actual Gobierno es el que más avanzó en titulación de tierras, que es lo que da la posibilidad de que los propietarios gocen de la seguridad jurídica, de que “no estén siendo avasallados”.
“Como Gobierno nos hemos preocupado por el tema de la tierra, es por eso que hemos presentado tres leyes que tienen que ver con la seguridad jurídica (…). Por lo tanto, somos el Gobierno que más seguridad jurídica ha planificado”, afirmó.
Mencionó que la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la dotación de tierras a ciudadanos extranjeros, pero lo que no está regulado de manera clara es qué pasa cuando el privado tiene su título y puede vender a otro privado.
A la ALP, “es por eso que nosotros hemos presentado la Ley 523 de 2023 donde se trata de regular la tenencia de las tierras rurales por personas extranjeras naturales o jurídicas en resguardo de la soberanía nacional”, indicó.
Otra ley que fue presentada al Legislativo es la de conversión de la pequeña propiedad agraria a pequeña o mediana empresarial “que tiene más posibilidades de inversión y mejores oportunidades para cultivar la tierra”.
Para el ministro, en esta época política de elecciones “se quiere crear un falso argumento” de toma de tierras de campesinos, indígenas, interculturales. A lo cual, considera “operaciones políticas que quieren posesionar el tema tierras, avasallamientos, como un debate nacional para allanar el terreno, en una posible reversión de tierras en el futuro”.