El Comité Multisectorial, que rechaza la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, se sumó al rechazo generado por los contratos de industrialización firmados por el Gobierno con capitales chinos y rusos. Tras una reunión en la Villa Imperial entre esta organización, que aglutina a 35 instituciones, y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), se acordó que ninguno de los sectores acudirá al diálogo convocado por el Gobierno para ambas partes. Además, exigieron una ley que establezca el uso del litio como recurso estratégico.
En la víspera, el Poder Ejecutivo invitó al comité multisectorial a reglamentar la disposición séptima que establece la confiscación de bienes de primera necesidad, que el Gobierno consideré se estén usando para generar especulación. Paralelamente invitó organizaciones sociales a ser parte de la socialización de los acuerdos que firmó con la empresa china Hong Kong CBC y la compañía rusa Uranium One Group.
“Estos contratos son lesivos y solo benefician a las transnacionales. Exigimos su anulación inmediata”, declararon. Sin embargo, debido al rechazo del acuerdo, la Cámara suspendió el debate hasta socializar los acuerdos con las empresas china y rusa. Exigen anular disposición
Ley de litio
Una de las conclusiones de este encuentro es exigir al Estado la elaboración de una Ley de litio para poder establecer cómo se debe aprovechar este recurso.
“El comité multisectorial a pedido del Comité Cívico Potisinista incluye en su lista de demandas urgentes el pedido de contar con una ley de litio antes de cualquier acuerdo”, señala parte del comunicado emitido en el encuentro.
Además, se fijó un rechazo unánime a los contratos suscritos con Uranium y Hong Kong CBC, correspondientes a los proyectos de ley 170 y 197, al considerar que atentan contra los intereses del país.
Se cuestionó que el gobierno suscriba acuerdos con empresas extranjeras, afectando los intereses del país y favorecen a transnacionales en detrimento de los recursos nacionales. “No entendemos cómo el gobierno dice luchar contra el imperialismo y al mismo tiempo entrega nuestros recursos a empresas extranjeras”, cuestionaron.
Los dirigentes indicaron que el litio “es un recurso estratégico y debe ser protegido por una ley que garantice beneficios”.
El 7 de febrero, La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china Hong Kong CBC para un proyecto de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
El diputado Guillermo Benavides, denunció que estos acuerdos no fueron entregados en su totalidad, porque solo se presentó el contrato principal, sin los anexos requeridos para un análisis completo. Además, de contarse con una estructura de costos de la producción que tendrás las plantas.
Cesar González, dirigente gremialista y uno de los representantes del Comité Multisectorial indicó que se incluyeron a las demandas de Comcipo porque se está entregando los recursos naturales del país a favor de intereses trasnacionales, lo que debilita la economía al igual que la disposición séptima que pretende, según él, quitar el patrimonio a los sectores movilizados.
“No vamos a permitir que se nos quite lo que con esfuerzo hemos logrado. Esta disposición atenta contra nuestro derecho al trabajo”, afirmó.
Sostuvo que los sectores afectados por la norma determinaron que ninguna de las instituciones integrantes del ampliado asistirá a reuniones para la reglamentación de la disposición, al considerar que esto solo legitimaría una medida que vulnera sus derechos.
También se plantearon medidas de presión, como un paro nacional, marchas como la de Patacamaya-La Paz y huelgas de hambre.
El futuro de estas movilizaciones se definirá en el próximo ampliado multisectorial a realizarse en la ciudad de Oruro.