El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció este lunes que las empresas que se crearon durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS) –gestión de Evo Morales y Luis Arce– solamente saquearon las arcas del Estado, por ello, anunció “investigaciones rigurosas”.
Lupo explicó que durante los 20 años de los anteriores gobiernos, el MAS optó por “saquear al Estado” mediante el subsidio a los hidrocarburos y la creación de empresas bajo el argumento de “proceso de industrialización por sustitución de importaciones”.
“Entre el 2006 y el 2024 se crearon 67 empresas”, afirmó Lupo. Se invirtieron desde las “reservas internacionales 53.945 millones de bolivianos, lo que equivale a 7.750 millones de dólares”.
De ese monto, dado por el ministro, solamente se logró recuperar hasta la fecha “el 18% en 19 años" y que el resto de esas inversiones “6 mil millones de dólares son todavía recursos que seguramente no podrán ser recuperados”.
Aseguró que el 28% de esos recursos “fueron para crear 14 empresas inviables que se volvieron solamente instrumentos de corrupción”. Informó que, cuatro de ellas están cerradas y cinco están en “quiebra técnica”.
“Esto equivale a 2.205 millones de dólares en estas 14 empresas completamente inviables. Estas 14 empresas, sólo a nivel de ilustración, que fundieron 2.205 millones de dólares de nuestras reservas internacionales", explicó. La autoridad fue más allá y detalló que "el hecho de que Bolivia tenga una crisis económica sin precedentes, una inestabilidad financiera y cambiaria, se debe justamente a la ausencia de reservas internacionales, que fueron completamente licuadas a través de este proceso de creación de empresas”.
Entre las 14 empresas inviables que presentó Lupo están: la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Empresa Pública de Cemento Bolivia (Ecebol), EEPAF (Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes), EMAPA, Envibol (Empresa de Envases de Vidrio Bolivia), Quipus, Senatex, Yacana, Mutún, BoA, Editorial del Estado, EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura), EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos), YLB.
Hay empresas “zombis”
Dentro de esas 67 empresas, Lupo precisó que hay “otras zombies” debido a que “operan en quiebra técnica” y que sus patrimonios están en rojo.
“En este momento necesitamos 697 millones de bolivianos para poder cumplir con las obligaciones de estas empresas, es decir pagar al Banco Central la deuda, a los proveedores. Si se vendieran todos los activos de estas empresas requeriríamos 697 millones sólo para cerrarlas. Estas empresas zombis no solamente para cerrarlas están en el costo”, señaló
Explicó que en dichas “empresas zombis” se invirtieron “1.294 millones de dólares” que ahora se convirtieron en un daño económico para el Estado. Dijo, incluso, que se necesitarían “122 millones de dólares para cerrarlas porque aparentemente querían seguir con esta práctica y con esta política y eso ya era una crónica de una nueva estafa anunciada”.
“Tenían planificado invertir 1.100 millones de dólares creando nuevas empresas”, agregó Lupo.
Un daño económico de 2.595 millones de dólares
De acuerdo con Lupo, la inversión con estas empresas públicas, el presupuesto para querer cerrarlas, generaron una “factura que tenemos que pagarla todos los bolivianos” que asciende a cerca de 1.463 millones de dólares.
Añadió que “ahí no acaba la historia del fracaso” en la supuesta industrialización que solo se quedó en el discurso, sino que los gobiernos del MAS implementaron las plantas planificadas bajo la “historia de la industrialización por sustitución de importaciones, donde se habían planificado 174 plantas, por un total de 3.164 millones de dólares”.
Explicó que de esa cantidad, solamente 40 fueron entregadas y 134 están en construcción. De eso, solo 19 están en funcionamiento y 41 de las 134 “están en situación no ejecutable, es decir, en una situación crítica”.
“El Estado creó una historia para poder saquear al país. El costo total de la corrupción en empresas públicas y en estas plantas equivale a 2.595 millones de dólares. 1.463 en empresas públicas y 1.132 en estas plantas industriales”, declaró Lupo.
Una investigación rigurosa
Tras los datos brindados por el ministro, este anunció que para parar “el desangrado de los recursos” se debe hacer una reingeniería fiscal y reestructurar las empresas, además de hacer una investigación.
“Obviamente hay que hacer una auditoría absolutamente responsable y seria para poder iniciar una investigación rigurosa y determinar quién autorizó estas inversiones sin ninguna factibilidad desde el día que nacieron”, señaló.