El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que el anteproyecto de Ley N° 547/2024-2025, que plantea una suspensión temporal de seis meses en las ejecuciones judiciales de prestatarios con créditos de vivienda de interés social, no afectará la solidez del sistema financiero boliviano.
Según el comunicado oficial, la norma no implica condonación de deudas ni intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras, sino que constituye una medida temporal, específica y focalizada, orientada a evitar la pérdida de inmuebles por parte de familias vulnerables.
“El diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total”, señala el documento, que destaca además la “sólida cultura de pago” de los prestatarios.
El Ejecutivo justificó la propuesta en el impacto que han sufrido diversos sectores productivos por bloqueos, fenómenos climáticos adversos y conflictos sociales. También subrayó que el sistema financiero cerró 2024 con utilidades históricas de 389 millones de dólares, lo que demuestra su capacidad de absorber medidas transitorias sin poner en riesgo la estabilidad del sector.
No obstante, entidades financieras expresaron su rechazo al anteproyecto, al advertir que medidas de este tipo generan incertidumbre en los mercados y pueden desincentivar la cultura de pago en el país. Representantes del sector señalaron que, aunque se trate de un diferimiento temporal, la propuesta abre un precedente negativo para las relaciones contractuales y afecta la previsibilidad que requieren las operaciones de crédito.
El debate ahora está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se discutirá el alcance y viabilidad de la medida.