El Gobierno autorizó la exportación de 880.000 toneladas de grano de soya mediante la emisión de un certificado único de abastecimiento interno, una medida que elimina los trámites individuales por exportador y busca dinamizar la comercialización ante la proximidad de la cosecha de verano. No obstante, el sector productor mantiene su expectativa de que se apruebe una liberación plena de las exportaciones de soya y sus subproductos.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que la autorización tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite exportar de manera inmediata el volumen establecido, sin cupos ni gestiones adicionales, lo que facilita la operativa del sector.
El presidente de Anapo, Abraham Nogales, explicó que la entidad había solicitado la liberación del 60% de la producción, conforme al Decreto Supremo Nº 3920, aunque reconoció que la medida adoptada representa un avance. “No se dio en esos términos, pero nos sirve en lo inmediato y contribuye a mejorar los precios de esta cosecha de la campaña de verano 2025-2026”, señaló.
Entre los aspectos positivos, Anapo destacó también la eliminación de cupos y bandas de precios para la harina y la cascarilla de soya, estableciendo que los acuerdos de comercialización se definan directamente entre privados, es decir, entre la industria y los sectores pecuarios.
Sin embargo, el gremio productor expresó observaciones sobre disposiciones que aún generan preocupación en la cadena productiva. Una de ellas es la fijación de un precio máximo para el aceite de soya, medida que también fue extendida al aceite de girasol. “Más allá del valor establecido, preocupa la señal que se envía al mercado cuando el Estado fija precios”, advirtió Nogales.
Asimismo, para los subproductos se mantienen convenios de abastecimiento y la obligación de presentar informes de compras y ventas cada 15 días, un mecanismo de control que, según Anapo, resulta oneroso e incómodo para los actores del sector.
Desde la organización se señaló que estas disposiciones tendrían un carácter transitorio y que, en un plazo aproximado de dos semanas, el Gobierno podría emitir un nuevo decreto supremo que restituya la liberación plena de las exportaciones, generando un marco normativo más claro y señales favorables para la producción.
Finalmente, Nogales advirtió que la persistencia de autorizaciones, certificaciones y controles innecesarios genera incertidumbre para la inversión, limita el uso de tecnología y reduce la productividad.
“El país termina con menos producción, menos exportaciones y menos ingreso de divisas”, afirmó.
Anapo reiteró que su objetivo central es una liberación plena y sostenida de las exportaciones de soya y sus subproductos, como condición clave para garantizar previsibilidad, competitividad y mayores ingresos para el país.